El Ayuntamiento de Móstoles ha aprobado este martes en la Junta de Gobierno local iniciar un expediente de liquidación con la empresa Cofely por más de 6 millones de euros por «los daños y perjuicios causados al Consistorio» tras el incumplimiento de un contrato investigado además en la trama Púnica.
«No podemos permitir que la adjudicación de Cofely, uno de los episodios más oscuros y escandalosos de la gestión del PP en esta ciudad, siga costando dinero al Ayuntamiento de Móstoles«, ha señalado la alcaldesa, Noelia Posse (PSOE), tras la aprobación del inicio de este expediente de liquidación.
Desde el Consistorio insisten en que, pese a que el objeto del contrato, firmado en 2014 por un período de 12 años de duración, era conseguir un ahorro energético y económico relevante manteniendo, la empresa «lo incumplió de forma flagrante y reiterada pese a los continuos requerimientos e imposición de penalidades».
Así lo recoge el informe técnico realizado por la Concejalía de Mejora y Mantenimiento de los Espacios Públicos tras una auditoría y peritaje externo, que asegura que, «Cofely recaudó importantes beneficios sin realizar ninguna de las mejoras e inversiones recogidas en su oferta».
El documento señala, entre otras cuestiones, que «no optimizó la potencia de los suministros eléctricos, instaló baterías de condensadores en algunos centros sin ni siquiera conectarlos a la red y que las cinco instalaciones fotovoltaicas del Ayuntamiento no han funcionado nunca adecuadamente», entre otras cosas.
Desde el actual Gobierno municipal, formado por PSOE y Podemos, también denuncian, basándose en la auditoría y peritaje externo realizados, que la compañía «no dimensionó bien las plantillas para las labores encomendadas ni llevó a cabo el mantenimiento preventivo acordado».
«Vamos a reclamar hasta el último céntimo de los más de 6 millones de euros en daños y perjuicios que ha provocado en las arcas públicas. El PP miró hacia otro lado durante años, permitiendo que esta empresa se lucrase con el dinero de nuestras vecinas y vecinos», ha insistido la alcaldesa.
Rescisión en 2020
Desde el Consistorio iniciaron el proceso para la rescisión de este contrato en diciembre de 2018 ante la «grave desatención de las necesidades de mantenimiento de instalaciones, centros educativos y edificios públicos, al margen de los costes inasumibles cuyos beneficios para terceros desentrañan actualmente los tribunales«.
Ya en junio de 2020 el Ayuntamiento hizo efectiva la rescisión de toda relación contractual con Cofely para el suministro y mantenimiento integral de los edificios y centros educativos municipales, asumiendo el Consistorio la gestión directa de estos servicios, para lo cual contrató a nuevos 36 trabajadores.
Desde el Consistorio recuerdan además que la adjudicación de este contrato está siendo investigada desde hace años por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, dentro de la trama Púnica, y por el cual se mantienen como imputados tanto el exregidor del PP Daniel Ortiz como su exconcejal de Medio Ambiente Alejandro Utrilla.
Ortiz firmó en 2014 este contrato, uno de las mayores de la historia del municipio de Móstoles, por más de 73 millones de euros, con la empresa Cofely, y el juez investiga presuntas mordidas en la adjudicación, lo que llevó a la imputación y procesamiento del exalcalde del PP.