El plazo establecido por el Tribunal Supremo para que el Ayuntamiento de Leganés formalizase el recurso de Casación que permita investigar las muertes en residencias de mayores durante los picos más agresivos de la pandemia finaliza este viernes con el alcalde de la ciudad, Miguel Ángel Recuenco (PP), manteniendo su postura de «no interferir».
El regidor se ha ratificado este viernes en «no intervenir ni un ápice en la decisión» que debe adoptar el jefe de la asesoría jurídica municipal «Eso implica no interferir sobre este asunto», han apuntado fuentes próximas al regidor.
Leganés fue una de las ciudades más afectadas por esta situación, lo que llevó al anterior Gobierno local del exalcalde Santiago Llorente a interponer recursos contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para que la Comunidad de Madrid –la Administración con competencias en la materia– medicalizase estos centros, recurso que fue desestimado por el tribunal.
Tras ello, el Ayuntamiento presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que fue admitido a trámite y que debía ser formalizado como fecha tope este viernes.
PSOE: el Ayuntamiento dejará pasar la fecha
El PSOE de Leganés ha asegurado este viernes que teme que el Ayuntamiento deje «pasar la fecha» de hoy, para no tener que interponer el recurso. En este sentido, ha afirmado que el Pleno municipal aprobó recientemente una moción (con el voto en contra del PP y a favor de Unión por Leganés (ULEG) para que se interpusiera el recurso.
El martes, los familiares de personas mayores fallecidas en las residencias durante el primer pico de la pandemia, en marzo de 2020, se manifestaron ante el Ayuntamiento de Leganés para forzar al alcalde a formalizar el recurso.
‘Marea de Residencias’, junto con ‘Verdad y Justicia’, ADEMAF y URL, convocaron la concentración para exigir «claridad y total transparencia al respecto». «Consideramos de vital importancia la admisión del recurso, que ofrece la oportunidad de que el Tribunal Supremo se pronuncie creando jurisprudencia y abriendo la puerta a un marco jurídico para actuaciones en posibles futuras situaciones de crisis como la vivida en 2020″, han señalado los convocantes.
