El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ha desestimado el recurso interpuesto por el PP contra el pliego del Ayuntamiento de Leganés para adjudicar durante los próximos 25 años la gestión y explotación de los soportes urbanos de publicidad, conocidos como ‘mupis’.

En los fundamentos de derecho de la resolución a la que ha tenido acceso Noticias para Municipios, el Tribunal considera que el recurso se presentó «fuera del plazo legalmente previsto». Así, explica que los pliegos fueron publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 31 de agosto de 2022.

En este sentido, detalla que el plazo para la presentación del «recurso especial finalizaba el día 21 de septiembre de 2022″. Pese a que el recurso se presentó en la oficina de correos el 19 de septiembre, al registro del Tribunal llegó el 22 de septiembre. «No consta comunicación alguna de la presentación del recurso a este Tribunal con fecha anterior a su entrada en su registro, por lo que la fecha de presentación -concluye- debe considerarse el 22 de septiembre de 2022«.

Ante ello, el Tribunal de Contratación Pública inadmite el «recurso por extemporáneo» y recuerda que éste «debe formularse dentro del plazo fijado al efecto y cualquier irregularidad del procedimiento que se alegue debe invocarse dentro del mismo, so pena de caducidad, garantizando así el principio de efectividad del recurso». Por otro lado, al concurrir que no hay «mala fe o temeridad» no impone costas al denunciante.

Recuerda, por último, que «esta resolución es definitiva en la vía administrativa» y que contra la misma «cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, en el plazo de dos meses».

Miguel Ángel Recuenco, en la rueda de prensa donde anunció el recurso (Foto: S.Baños)

Procedimiento

El portavoz del PP y candidato a la Alcaldía, Miguel Ángel Recuenco, llevó al Tribunal este caso al considerar que se trataba de una adjudicación que pretende hacerse por un periodo de 25 años -un periodo que ha calificado como «auténtica barbaridad porque hipoteca seis legislaturas»– y valorado en 13 millones de euros.

Recuenco explicó que el «fraude» estaría en que desde el Ayuntamiento se pretende «simular que estamos ante un contrato de cesión de dominio público para saltarse la Ley de Contratos del Sector Público y aplicar la Ley de Dominio Público, cuando realmente estamos ante una contratación de adjudicación de servicios». Según el ‘popular’, la diferencia entre la cesión de dominio público -como es el caso de La Cubierta-, y la de un contrato de cesión de servicio es el plazo.

Fuentes municipales explicaron, por su lado, que «la Ley de Contratos establece que los contratos de concesión de servicios pueden durar hasta 40 años si incluyen ejecución de obras y explotación, y de 25 años si solo incluyen la explotación». Se trata de una fórmula -resumieron- que «es la utilizada por otros Ayuntamientos como Madrid, Fuenlabrada, Majadahonda, Alcobendas o la propia Comunidad de Madrid con otros soportes».

David G. Castillejo

Corresponsal de Noticias para Municipios, Europa Press en la zona Sur de Madrid

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