El Ayuntamiento de Getafe ha solicitado nuevos informes a la Comunidad de Madrid ante la posibilidad de que los vertidos de agua que realiza la fundición de ‘Corrugados’ al saneamiento público estarían superando los niveles que marca la Autorización Ambiental Integral (AAI), el documento que establece las limitaciones a la actividad de la empresa.
El Consistorio getafeño ha solicitado a la Consejería de Medio Ambiente «más información al respecto», así como datos sobre «las sanciones que la Comunidad de Madrid piensa aplicar y las soluciones inmediatas para evitar este perjuicio a la ciudadanía y la biodiversidad de la ciudad».
Estos supuestos vertidos se suman a las tradicionales perjuicios que tiene la actividad de la empresa, en materia de ruidos, emisiones y olores en las zonas residenciales del barrio de Los Molinos y de la zona de Camino Viejo de Pinto, en Juan de la Cierva.
En este punto, la alcaldesa, Sara Hernández, ha reiterado que los términos de la Autorización Ambiental deben «endurecerse». En estos momentos, se encuentra en revisión y el Ayuntamiento, así como varias entidades, han presentado alegaciones. «La Comunidad de Madrid tiene que tomarse en serio los problemas en la salud que pueden generarse ante esta indefensión de los vecinos y el Ayuntamiento durante años», ha declarado.
Traslado de la información a lo vecinos
Ante este escenario, Hernández ha mantenido una nueva reunión con la ‘Plataforma de Afectados por Corrugados’ para trasladarle la información de que dispone en materia de los vertidos de aguas, actualizar la situación y presentar a la nueva concejala delegada de Sostenibilidad, Maite Mellado.
El pasado mes de junio, el Consistorio ya advirtió de que tomará «medidas judiciales en
caso de que la Comunidad de Madrid no incluya las alegaciones y exigencias medioambientales de control de ruidos, emisiones y olores en la revisión de la AAI, que actualmente se está llevando a cabo tras las presiones municipales y vecinales».
Los tribunales dieron la razón al Ayuntamiento al señalar que éste «no es competente para sancionar a la empresa por las emisiones de ruido en zona residencial, y que tanto el control como las sanciones deberían ser instruidos por la Comunidad de Madrid».
