La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a 52 años de prisión a Francisco Javier C., sacerdote de 35 años conocido en su entorno como padre Fran, por cuatro delitos de abuso sexual —tres de ellos con penetración— y otros cuatro de descubrimiento y revelación de secretos de carácter continuado.
El tribunal considera acreditado que, entre 2015 y 2018, sedó a cuatro mujeres para agredirlas sexualmente sin su consentimiento. Y que grabó y fotografió los abusos, conservando después el material en un disco duro con carpetas identificadas por el nombre de cada víctima.
La sentencia, a la que ha atenido acceso El País, recoge, también, que el condenado se ganó previamente la confianza de las cuatro mujeres a través de su actividad religiosa. Esa cercanía —explica el tribunal— le permitió pernoctar con cada una de ellas en las viviendas que tenía asignadas como párroco, «compartiendo incluso la misma cama, al confiar plenamente en él, no solo por ser su amigo, sino también por su condición sacerdotal».
La novia del sacerdote descubrió las imágenes
Fue en esas circunstancias, repetidas a lo largo de cuatro años, cuando les administraba una sustancia no identificada que les provocaba una pérdida de conciencia profunda, de forma que no eran capaces de recordar lo sucedido al día siguiente. La Audiencia entiende que aprovechaba ese estado para cometer las agresiones sin que las mujeres pudieran prestar consentimiento ni ser conscientes de lo que ocurría.
Ninguna de las cuatro víctimas supo lo que había pasado hasta que la investigación policial se lo comunicó. De hecho, el caso salió a la luz por azar. A finales de 2022, la entonces pareja del sacerdote, con quien convivía en Melilla, conectó el disco duro pensando que contenía películas o series. En su lugar encontró los archivos de las agresiones. Ella trasladó lo descubierto a un sacerdote de la misma parroquia y, después, al Vicario.
La Diócesis solo actuó trasladándolo
La respuesta de la institución eclesiástica fue trasladar a Francisco Javier C. desde Melilla hasta las localidades malagueñas de El Burgo y Yunquera. En ellas, pasó a desempeñar funciones administrativas. Entonces, Diócesis alegó entonces «motivos de salud» para justificar el cambio de destino.
Al respecto, la sentencia es explícita sobre la respuesta eclesial ante los abusos. «No solo el Obispado no llevó a cabo sus deberes de vigilancia de modo adecuado», afirma, «sino que además no eligió a la persona idónea para desempeñar las funciones de párroco».
Al no obtener más respuesta por la vía interna de la Iglesia, la mujer denunció los hechos ante la Policía Nacional y entregó a los agentes una copia de las imágenes. El sacerdote fue detenido días después, en septiembre de 2023, y permanece en prisión desde entonces.
Fue la mujer que mantenía una relación sentimental con el sacerdote quien encontró en el disco duro las carpetas con las imágenes de las agresiones sexuales a las mujeres.
Una defensa basada en el despecho, rechazada por el tribunal
Durante el juicio, celebrado a finales de mayo, Francisco Javier C. negó haber drogado, grabado o agredido a las mujeres. También sostuvo que su expareja lo había denunciado por despecho, hasta el punto de presentar contra ella una denuncia por robo. La Audiencia no dio credibilidad a esa versión- Por el contrario, consideró probado, a partir de los testimonios de las víctimas y del resto de la instrucción, que el acusado cometió las agresiones sexuales.
El recorrido del condenado dentro de la estructura eclesiástica malagueña había sido, hasta entonces, extenso. Primero ingresó en el Seminario Diocesano de Málaga en 2012. Posteriormente, fue ordenado diácono y ejerció como párroco en Ardales, Carratraca, El Burgo y Yunquera, además de vicario en una parroquia de Álora y capellán en dos centros educativos.
La Fiscalía había solicitado hasta 72 años de prisión, pero el tribunal ha impuesto finalmente 40 años por los cuatro delitos continuados de abuso sexual y 12 años más por los cuatro delitos continuados de descubrimiento y revelación de secretos.
Además, la Audiencia reconoce que las mujeres han sufrido daños psicológicos, psíquicos y morales. No obstante, no aprecia que los hechos constituyan un delito de lesiones psíquicas. Sí subraya, sin embargo, un «innegable daño» derivado, sobre todo, del desprecio del autor hacia ellas en momentos de «la más absoluta indefensión».
Indemnización con responsabilidad subsidiaria de la Diócesis
Por último, el fallo fija una indemnización conjunta que supera los 400.000 euros, en torno a 100.000 euros para cada una de las cuatro víctimas. De esa cantidad debe responder de manera subsidiaria la Diócesis de Málaga. La misma que durante el proceso trató de desvincular lo ocurrido de la condición sacerdotal del condenado.
El tribunal no lo ha entendido así y sitúa el origen de esa responsabilidad en que los abusos se produjeron en domicilios que la propia institución le había asignado por su condición de religioso.
Con todo, la sentencia no es firme y puede ser recurrida. Fuentes de la Iglesia malagueña han señalado que necesitan estudiarla en profundidad antes de pronunciarse sobre su contenido o sobre una eventual apelación.