COLLADO VILLALBA/ “Tendremos que vivir bajo un puente”, dice la familia que ocupó el Mio Cid

“Tengo el desahucio mañana, con mis cuatro menores, a las 9 horas; hoy lo hemos podido parar”. Así resumía Faustina el resultado de una mañana de nervios que ha vivido junto a su marido a la espera de que el Ayuntamiento ejecute la recuperación del inmueble público que ocupó en diciembre del año pasado.

Y es que el Ayuntamiento de Collado Villalba aprobó ayer, en Pleno Extraordinario, la recuperación por vía administrativa de las aulas municipales Mio Cid, ocupadas por Faustina y su familia, como bien de dominio público. El acuerdo alcanzado ayer en el Consistorio daba 24 horas para proceder con el desahucio.

A última hora de la mañana Faustina, acompañada por una quincena de activistas por la vivienda, se ha dirigido a Servicios Sociales de Collado Villalba y ha conseguido que le dieran una cita urgente mañana viernes a las 11:20 horas con los técnicos del Ayuntamiento, adelantando la que ya tenía prevista para el día 18 de febrero, para tratar de encontrar una solución a su situación de “extrema vulnerabilidad”.

Sin solución habitacional

Faustina y Manuel han recibido a Noticias para Municipios en el aula de la antigua escuela Mio Cid que ocuparon en diciembre y que en estos dos meses han ido arreglando para vivir de manera más confortable posible con sus cinco hijos, cuatro de ellos menores de edad. “Ahora mismo los niños están en el colegio, escolarizados, pueden preguntar en el barrio. Mis niños están bien alimentados, van al colegio, están aseados…”.

“La casa estaba deshecha: hemos arreglado techos, hemos pintado, hemos arreglado las puertas, las habitaciones, los baños… hemos hecho todo lo que hemos podido”. Manuel opina que no existe ningún riesgo para la integridad física de su familia el permanecer en dicho espacio, en contra de lo que se explicó en el Pleno de ayer en boca de los técnicos, “aquí uno puede vivir; no como uno quisiera, pero se puede vivir perfectamente”.

El inmueble llevaba abandonado, según explica Manuel, “muchísimos años”. A él llegó la familia de Faustina y Manuel tras abandonar la casa de la madre de Faustina, ya que les es imposible acceder al mercado de alquiler de vivienda puesto que viven los siete con un ingreso mínimo vital. La familia pide al Ayuntamiento que, si se formaliza el desahucio, les proporcionen una vivienda de alquiler social, “yo puedo pagar un alquiler social perfectamente. Yo no me niego a pagar nada, el alquiler, la luz, el agua… lo que cualquier persona que tiene su piso. Todo el mundo tiene derecho a una vivienda”.

Manuel se declara hundido ante el aviso del próximo desahucio y lamenta que él, su mujer y sus cinco hijos tengan que ir a vivir “debajo de un puente” porque no tienen alternativa para vivir por el momento.

Denuncia contra el Ayuntamiento

Tamara Macías, portavoz de la Oficina de Derechos Sociales de la Sierra de Madrid, ha explicado a Noticias Para Municipios que la orden de desalojo se produce con una antelación de 24 horas, “con una familia en situación de extrema vulnerabilidad social, con la que los Servicios Sociales no han hecho nada”. Ante la información aportada en el Pleno de ayer en la que el equipo de Gobierno explicaba que la familia no había presentado alegaciones, la portavoz de este colectivo explica que se trata de “un familia, de etnia gitana, con un nivel socioeconómico bajo y alto nivel de analfabetismo”, con lo que “hasta que no han tenido asesoramiento por parte de colectivos de vivienda, en este caso de la Oficina de Derechos Sociales, no se ha procedido a hacer el registro de dicha documentación”. La entrega de los datos se ha realizado, según detalla, hoy a primera hora de la mañana.

El próximo paso, según avanza Macías, además de la reunión con Servicios Sociales mañana, es la vía judicial. “Este Ayuntamiento está haciendo algo totalmente fraudulento. Servicios Sociales y Mariola Vargas van a recibir, dentro de poco, una denuncia por antigitanismo porque esta familia lleva 21 años viviendo en el municipio, éste es el cuarto desalojo que tienen y nunca han tenido una alternativa habitacional. Nos encontramos con una situación de desamparo por parte de la institución“.

La “peculiaridad” de este expediente de recuperación que dicta el Ayuntamiento, añade Macías, “es que el Ayuntamiento convoca el Pleno para decidir sobre esta cuestión, pero de una manera que no es la correcta”. Según asegura Tamara, “no hay una sesión informativa previa, a los concejales se les tiene coaccionados sobre que hay que votar sí o sí, y se les ha mandado la información a las tres de la tarde del día anterior”.