La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, ha reiterado este viernes que su situación procesal no influirá en su designación como candidata del PSOE a las elecciones de 2023, ni cree que pueda tener peso en la decisión de la población en las urnas.
“No afecta en absoluto a mi actividad política puesto que estamos hablando de un ámbito mercantil y una sentencia que no es firme, y no afecta a la actuación municipal”, ha declarado en alusión a la condena a cinco años de inhabilitación para administrar bienes ajenos al considerarla un juzgado responsable, subsidiariamente, de la quiebra de la empresa pública Emgiasa.
En este punto, durante una rueda de prensa y a preguntas de los medios, la regidora ha manifestado que, pese a que “muchos han estado continuamente” pidiendo su dimisión, “los hechos confirman que la situación es compatible”. “Intentan confundir el ámbito mercantil con otros, como el civil”, ha esbozado.
Tras ello, ha manifestado que el Gobierno local está “en un momento muy positivo” y ha reiterado que “tiene mucho trabajo por hacer”. “Está demostrándolo a la ciudadanía”, ha manifestado.
De Andrés será la candidata del PSOE a revalidar la Alcaldía en las elecciones de mayo del próximo año. tras recibir el «apoyo unánime» de la Comisión Ejecutiva Local. Según ha informado el Partido Socialista, la actual alcaldesa de Alcorcón ha sometido a consulta su candidatura a la Comisión Ejecutiva Local, que ha «ratificado la confianza en De Andrés para revalidar la Alcaldía en la próxima cita electoral».
Contexto
Los hechos que han sido juzgados se remontan a la etapa del exalcalde socialista Enrique Cascallana al frente del Ayuntamiento de Alcorcón, durante la cual la actual alcaldesa, como edil de Urbanismo, formaba parte del consejo de administración de Emgiasa, la empresa pública de vivienda que actualmente está en concurso de acreedores.
EL juez ha dado la razón a la Fiscalía, que entendía que la situación de quiebra que alcanzó la empresa pública fue consecuencia directa de una gestión «culposa» en las actuaciones referidas a la construcción de las distintas fases del Centro de Creación de las Artes de Alcorcón (CREAA) y a las relaciones comerciales con Gesmansur respecto a la ejecución del Plan Municipal de Vivienda de Alcorcón.
En concreto, el juez entiende como «culposa» la decisión de repartir dividendos (16,1 millones) y el traspaso a ‘reservas voluntarias’ del beneficio registrado de 19,4 millones, a sabiendas de que el consejo de administración debía hacer frente a los pagos (114 millones de euros) de la construcción del CREAA.
Por otro lado, también ponen en duda las relaciones comerciales que Emgiasa mantuvo con Gesmansur, ya que, según el fiscal, «no estaban amparadas en una contratación administrativa válida, pues se prescindió total y absolutamente de los trámite administrativos legalmente previstos».
