Desde el PP han asegurado que las conclusiones sobre la Comisión de Investigación de Emgiasa “son falsas y sin base legal”
ALCORCÓN/ 17 ABRIL 2019/ El Pleno extraordinario de Alcorcón celebrado este miércoles ha aprobado remitir las conclusiones de la Comisión de Investigación de la empresa municipal de la vivienda Emgiasa a la Fiscalía con los votos en contra del Partido Popular.
Natalia de Andrés, portavoz socialista, ha asegurado que “el PP ha demostrado desde que llegó al Gobierno su negligente gestión al frente de Emgiasa, la empresa pública de vivienda a la que sometió a un proceso de liquidación tras decidir un concurso voluntario de acreedores injustificado”.
A su juicio, “las conclusiones aprobadas por toda la oposición, excepto el PP, certifican que el Gobierno no sólo actuó contra los intereses de la ciudadanía sino que podría haber generado un serio daño a la empresa pública y al patrimonio de todos los alcorconeros”.
Deuda
Además, ha añadido que “el PP se ha quedado solo en este asunto, pues no sólo declararon una falsa deuda en Emgiasa de 333 millones de euros, ocultando que más de 200 millones de euros correspondían a las hipotecas a las que se subrogarían los ciudadanos para adquirir sus viviendas, sino que se han negado a comparecer en dicha comisión y han votado en contra de aportar documentación relevante en este sentido”.
Entre las conclusiones aprobadas, se señala que se podría haber cometido “un posible delito de prevaricación y malversación de fondos en la liquidación del CREAA y que el nuevo contrato para liquidar las obras, en lugar de realizarlo en virtud del ya suscrito, generó nuevas condiciones contractuales perjudiciales para Emgiasa”.
Sin embargo, desde el PP han destacado que Natalia de Andrés, “en lugar de dimitir por la petición de 5 años de inhabilitación que le ha hecho la Fiscalía por su responsabilidad en la gestión de Emgiasa, ha tenido la desfachatez de reprobar al actual Gobierno del Partido Popular por la gestión de dicha empresa”. Además, han indicado que Emgiasa está en liquidación “por la gestión del Gobierno del PSOE, que llevó a la empresa a la quiebra con una deuda de 333 millones de euros, provocando al Ayuntamiento un grave perjuicio económico”.