La renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género empieza a traducirse en actuaciones concretas. De las 461 medidas incluidas en el acuerdo aprobado el pasado 26 de febrero en el Congreso de los Diputados sin el apoyo de Vox, ya se ha iniciado la ejecución de 235. Esto supone un 51% del total, según los datos emitidos por los ministerios con iniciativas asignadas.
El pacto, con una vigencia de cinco años, tiene como departamento impulsor al Ministerio de Igualdad, que concentra el mayor volumen de competencias y de actuaciones puestas en marcha. En concreto, Igualdad interviene en 347 medidas. Además, es corresponsable de 211, responsable exclusivo de 56 y partícipe en otras 80.
En concreto, de las 211 medidas compartidas, 113 ya han comenzado a desarrollarse a lo largo de este año, lo que eleva su grado de ejecución al 54%, con un presupuesto asignado de 53 millones de euros.
Detectar, prevenir, erradicar
Dentro de Igualdad, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y el Instituto de las Mujeres concentran el grueso de la ejecución. La Delegación tiene asignadas 159 medidas de forma exclusiva, de las que ya han arrancado 90, además de otras ocho de las 21 que comparte con el Instituto de las Mujeres.
Este último, por su parte, es responsable exclusivo de nueve medidas y ha puesto en marcha tres de ellas durante 2025, además de dos de las que desarrolla de manera conjunta con la Delegación.
El Anteproyecto de Ley Orgánica de Violencia Vicaria es una de las medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género aprobado en febrero.
Entre las actuaciones impulsadas este ejercicio destacan iniciativas consideradas clave para la detección, la prevención y la erradicación de las distintas formas de violencia contra las mujeres. Entre ellas, figuran el Anteproyecto de Ley Orgánica de violencia vicaria. También, el aumento hasta los 20 millones de euros de la convocatoria de subvenciones públicas destinadas a proyectos de apoyo a mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual. Y, además, medidas específicas para reforzar el control y el buen uso de los fondos del Pacto de Estado por parte de todas las administraciones.
Un pacto multidepartamental
En el ámbito del Instituto de las Mujeres, se han desarrollado acciones como la gestión de la red de ‘Empresas por una sociedad libre de violencia de género’. Esta iniciativa está orientada a facilitar la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia machista, o el trabajo para adaptar al formato digital la ‘Guía de Buenas Prácticas: comunicar con perspectiva de género’. Se trata de una herramienta dirigida a mejorar el tratamiento informativo y comunicativo de esta realidad.
El despliegue del pacto no se limita al Ministerio de Igualdad. Entre las medidas que implican a otros departamentos destaca el ‘Proyecto de Ley sobre protección de las personas menores de edad en los entornos digitales’, promovido desde Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, con la participación de los ministerios de Juventud e Infancia, Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Transformación Digital y Función Pública.
Por último, en términos presupuestarios, el gasto vinculado a la ejecución del Pacto de Estado renovado por parte de la Administración General del Estado supera los 82 millones de euros en 2025. A esta cifra se suman los 200 millones transferidos a otras administraciones que se reparten entre los 160 millones destinados a las comunidades autónomas y 40 millones a las entidades locales.