El Congreso de los Diputados aprobó en la sesión de ayer miércoles el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ampliando y actualizando las medidas que contenía el de 2017. Sin el apoyo de Vox, el resto de grupos políticos selló con su voto las 462 aplicaciones que contiene el reciente documento, frente a las 290 recogidas en el anterior.
Entre ellas, por ejemplo, y de forma relevante, el pacto de Estado contra la violencia de género profundiza en la violencia sexual contra las mujeres y en la trata con fines de explotación sexual.
Pero, además, incluye otras violencias como delito que no se contemplaban en 2017, y pone el foco en prestar especial atención a las mujeres rurales y a las mujeres con discapacidad.
Para llevarlo a cabo, la dotación económica se ha fijado en 1.500 millones de euros para cinco años, un 50 % más que el pacto anterior. Del total, 800 millones se destinarán a las comunidades autónomas; 500 millones, a la Administración General del Estado y 200 millones, a las entidades locales.
Más protección a los menores víctimas
Uno de los principales motivos de la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género era la adaptación de las actuaciones a la realidad actual y a las nuevas violencias aparecidas con las redes sociales. Una demanda extendida desde hacía tiempo por colectivos, entidades y profesionales ligados a la atención a la víctima.
De esta forma, el acuerdo introduce reformas en varias leyes para queden tipificados como delitos la violencia económica y la violencia digital contra las mujeres, ausentes del anterior texto. También refuerza la protección de niñas y niños víctimas de la violencia vicaria, mejorar el trato a las víctimas y profundizar en la especialización de las justicia.
En cuanto a la violencia vicaria, el pacto insiste en garantizar el reconocimiento directo como víctimas de los hijos e hijas menores de las mujeres maltratadas. Con ello, se pretende evitar las visitas o la convivencia con un padre agresor. También se hace extensivo al ámbito educativo y sanitario la mejora de los protocolos detección precoz y diseña mecanismos seguros para que los menores puedan denunciar situaciones de violencia.
Tipificadas otras formas de violencia machista
La reforma legal que platea el pacto de incluir en el Código Penal la violencia económica, no se limitará solo al impago de pensiones, sino que también abarcará conductas como el alzamiento de bienes, la estafas, las apropiaciones indebidas o la administración desleal ejercida contra las mujeres.
Igualmente, con la violencia digital o ciberdelincuencia, el texto pretende castigar con cárcel a quien recurra a la inteligencia artificial para crear pornografía falsa no consentida. Por tanto, se sancionará a quienes, sin consentimiento de la persona afectada, difundan o exhiban su imagen corporal o su voz simulando situaciones de contenido sexual o gravemente vejatorias.
Más protección institucional para las mujeres
Otra de las medidas relevantes que contempla el nuevo pacto contra la violencia de género es el aumento de los efectivos policiales destinados a la atención y protección de las mujeres víctimas. De forma añadida, se exigirá una formación evaluable y obligatoria a la judicatura y se ampliarán los criterios de riesgo para la concesión de órdenes de protección.
De acuerdo con lo anterior, son varias las reformas penales que exige la puesta en práctica de algunas de las medidas del pacto de estado. Entre las más destacadas se encuentra la de suprimir los atenuantes de confesión y de reparación del daño en casos de violencia machista, en lo referente al agresor. También, que se pueda dictar prohibición de aproximación cuando haya un quebrantamiento de pena.
En cuanto a la víctima, el texto pretende que todos los juicios relativos al mismo caso, se enjuicien en un único órgano judicial.
Desincentivar el consumo de prostitución, promover cambios legales para combatir la publicidad de prostitución, luchar contra el proxenetismo, castigar al proxeneta y prestar atención integral a las víctimas son medidas del nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Violencia en segundo orden y lucha contra la trata
Quizá sea de las medidas más ambiciosas del nuevo pacto de estado, la de aprobar un ley integral contra la trata con fines de explotación sexual. Con ella, se pretende también desincentivar el consumo de prostitución, promover cambios legales para combatir la publicidad de prostitución, luchar contra el proxenetismo, castigar al proxeneta y prestar atención integral a las víctimas.
Hasta el momento, quienes recibían violencia física, psicológica, verbal, padecían represalias o persecución por apoyar y atender a mujeres víctimas de violencia de género, no estaban contempladas como víctimas secundarias. Sin embargo, el nuevo pacto propone su reconocimiento y protección y define este tipo de violencia como de ‘segundo orden’.
Por último, el pacto también articula una veintena de medidas para que el sistema sanitario sea la puerta de entrada a la protección de las víctimas, con instrumentos para la detección precoz, la atención psicológica a huérfanos y también a agresores que lo soliciten de forma voluntaria.
Recursos
El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres.
El número de teléfono de atención es el ‘016’. También por WhatsApp, en el número 600 000 016. A través de un chat online en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@igualdad.gob.es.