La Ley contra la Violencia de Género supuso un antes y un después para una sociedad que empezaba a considerar la violencia machista un problema de todos y no solo doméstico.
Son 20 años de una Ley pionera en Europa –todavía hoy lo es-, que un día antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el 28 de diciembre, contó con el apoyo de todos los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados. 320 votos a favor. Ninguna abstención. Ningún voto en contra.
Una sociedad que empezó a despertar tras conocer el asesinato de Ana Orantes 10 días después de confesar en directo las palizas y las vejaciones diarias soportadas durante 40 años de matrimonio.
Corría el año 1997. Ana tenía 60 años y representaba a miles de mujeres que, como ella, vivían este horror en un silencio impuesto. Aquel asesinato, prácticamente anunciado, generó una presión a través de los colectivos de mujeres que obligó a los gestores políticos a sentarse y a escuchar sobre la necesidad de incluir este tipo de delitos en el Código Penal.
«La Ley contra la violencia de género fue aprobada por unanimidad, 320 votos a favor de todos los grupos políticos con representación en Congreso de los Diputados».
En 2001, la mediática Carmina Ordoñez se atrevió a denunciar malos tratos por parte de su pareja de entonces, el bailarín Ernesto Neyra. Aunque el juez no la creyó a pesar de tener pruebas de la paliza reciba, su iniciativa, no obstante, contribuyó a alzar la voz de una sociedad que estaba cambiando la mirada.
Ya en septiembre de 2003, una norma jurídica recogió, mínimamente, la violencia ejercida contra las mujeres. Se trataba de la ‘Ley Orgánica de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros’.
El texto era un totum revolutum que no daba seguridad jurídica a las víctimas, insuficiente y poco desarrollado, pero fue paso previo a la Ley definitiva. Mientras tanto, ese año, dejaba 71 mujeres asesinadas, una cada poco más de cinco días.
Una ley y 72 asesinatos
Y llegó diciembre de 2004, un año que cerró a 31 de diciembre con una Ley precursora y con un balance tan terrible como el anterior: 72 mujeres asesinadas.
A pesar de las cifras, la aprobación de la Ley contra la Violencia de Género por unanimidad fue un logro para todo el país que consideró necesario calificar de delito específico la violencia hacia las mujeres, dejar el calificativo de ‘doméstica’ y establecer mecanismos específicos para luchar contra ella.
El texto impulsó la formación de profesionales en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de la Judicatura, de las áreas del conocimiento implicadas en la Psicología, como el Trabajo Social y la Psicología, y obligó a las administraciones a dotar de recursos el sistema.
Un sistema para las víctimas
Parte de esos recursos impulsados por la Ley contra la Violencia de Género son los 461 juzgados dedicados a este tipo de delitos (113 exclusivos y 348 compatibles) que operan en nuestro país.
Además, hay que sumar miles de unidades especializadas en la atención a las mujeres víctimas, tanto en las policías locales como en la Nacional, así como el teléfono de atención a mujeres víctimas, el 016, y el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, más conocido como Sistema VioGén.
Actualmente, más de 100.000 mujeres están inscritas en él y cuentan con algún tipo de protección según su nivel de riesgo.
Es cierto que, la Ley no ha erradicado los asesinatos machistas y que queda un gran camino para lograr una protección total para las víctimas. De hecho, hasta el día de hoy, 46 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. 1.291, desde 2003.
Sin embargo, su existencia ha generado la visibilidad del problema, un debate más profundo en la sociedad sobre los nuevos retos para hacer frente esta lacra, la importancia de la prevención, evitar la revictimización y facilitar a la víctima el camino a la denuncia, y tener en cuenta de manera precisa a los menores, también víctimas de la misma violencia que sus madre.
«A lo largo de estos 20 años, se han puesto en marcha 461 juzgados dedicados a violencia de género, 113 exclusivos y 348 compatibles
Las otras víctimas de la violencia de género
El de los menores ha sido, desde siempre, un colectivo poco ‘mirado’ por las leyes. No fue hasta 2013 cuando los registros comenzaron a contabilizar los asesinatos de menores y huérfanos a consecuencia de esta violencia. Solo aquel año se produjeron seis asesinatos; en 2024, nueve, y, en total, a lo largo de estos 11 años, han sido asesinados 62. 465 han quedado huérfanos.
Con la vista puestas en ellos, en 2022, se dio un gran paso adelante con la aprobación de la Ley de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer. En esta se les reconocía el cobro de una pensión tras la muerte de su madre y, como consecuencia, como víctima de violencia de género.
Sin embargo, y a pesar de tantos avances en los 20 años de funcionamiento de la Ley, son muchas las voces que abogan por una actualización de su texto para adaptarla a las demandas sociales y a una sociedad que ha sufrido muchos cambios.
También, la mejora del Sistema Viogén y su adecuación a los nuevos tiempos tecnológicos, del que se espera una nueva versión para el primer trimestre de 2025 y, sobre todo, la consumación de un Pacto de Estado contra la Violencia de Género que dote de sentido moral la lucha de toda una sociedad.