Cada año, más de 1.200 hombres condenados por violencia de género pasan por un programa de tratamiento específico en los centros penitenciarios españoles. Lo que en apariencia podría leerse como una cifra estadística esconde, sesión a sesión, un proceso terapéutico que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias considera un éxito y que, más allá de su función rehabilitadora, empieza a pensarse también como una herramienta de política preventiva contra el machismo.
La coordinadora de Tratamiento y Gestión Penitenciaria, Lourdes Gil, y la jefa de área de programas específicos, Flori Pozuelo, son las responsables de un modelo que nació para intervenir sobre los factores que propician la reincidencia. Y estos van desde las adicciones —presentes en cerca del 70% de los internos— hasta las actitudes machistas más arraigadas.
Porque la violencia de género, recuerdan, es transversal. Por las sesiones que imparte Paula —nombre ficticio de una psicóloga que trabaja en un centro penitenciario— han pasado desde profesores universitarios hasta hombres sin ningún tipo de formación. Sus condenas van de meses a años y sus perfiles distintos, salvo por el daño que han causado.
Sesiones de dos horas
Las sesiones duran dos horas y media y reúnen a unos 15 internos. El enfoque es cognitivo-conductual, siempre desde una perspectiva de género. Antes de comenzar cualquier intervención, la Junta de Tratamiento valora qué programa necesita cada interno. A menudo, las adicciones son la primera barrera que hay que desmantelar, así que el primer contacto entre el interno y el terapeuta resulta, en palabras de Pozuelo, determinante para el éxito del proceso.
Paula describe a muchos de estos hombres como «verdaderos analfabetos emocionales», personas con serias dificultades para identificar, expresar o gestionar conflictos por vías que no sean la violencia. Por ello, explica, trabajar la autoestima es central, aunque es la empatía la que abre, según la psicóloga, las grietas más profundas.
Desde ahí, cuando los internos toman conciencia del impacto de su conducta sobre los menores —usados como instrumento en los casos de violencia vicaria—, algo se quiebra. «Se dan cuenta de las locuras que hacen y se derrumban», resume. La heterogeneidad del grupo resulta, en este sentido, un activo terapéutico inesperado, ya que los mensajes que calan con más fuerza no siempre provienen del terapeuta, sino de los propios compañeros de programa.
«No sé si muchos, pero algunos de ellos ya fueron víctimas que ejercían violencia de género sobre sus madres», reconoce Lourdes Gil.
Modelos aprendidos en la infancia
La violencia machista es el tercer motivo de condena entre los hombres que ingresan en prisión en España. Sólo por detrás de los delitos contra el patrimonio y los relacionados con el tráfico de drogas. Una parte de esos condenados llega al sistema penitenciario habiendo reproducido modelos aprendidos desde la infancia. «No sé si muchos, pero algunos de ellos ya fueron víctimas que ejercían violencia de género sobre sus madres», reconoce Lourdes Gil. El programa los confronta con esa historia, con esa cadena.
A medida que avanza el tratamiento, los internos comienzan a acceder a permisos puntuales antes de optar al tercer grado, que los devuelven a un entorno donde reaparecen los conflictos reales. Por ejemplo, la custodia de los hijos, el divorcio, la distancia forzada. Para Paula, esa exposición, lejos de ser un obstáculo, forma parte del proceso. En los casos de condenas cortas, el seguimiento se realiza a posteriori, desde los centros de inserción social.
Lo que estos programas están produciendo, de forma quizá imprevista, es también un cambio de vocabulario. «Esto se lo voy a contar a mis hijos», dicen algunos internos al final de las sesiones. Esa frase es, para las responsables del programa, el indicio de algo más ambicioso. Sobre todo, porque el trabajo dentro de los muros puede convertirse, en algunos casos, en una semilla de cambio fuera de ellos.
¿Castración química o reeducación?
El de la reinserción y reeducación es un tema altamente polémico, con muchos grupos contrarios, sobre todo, en el movimiento feminista y entidades de víctimas. Además, hay una parte a favor de la intervención farmacológica, sobre todo, en casos de agresiones sexuales.
En el bando contrario a la conocida como ‘castración química’ se sitúa el psicólogo Enrique Echeburúa de la Universidad del País Vasco. Echeburúa advierte de que la castración química es un término mal utilizado y su uso debe circunscribirse, exclusivamente, a casos clínicos muy concretos y nunca aplicarse como pena. Según el profesor, este método farmacológico resulta ineficaz cuando el agresor presenta conductas violentas, consumo de sustancias o trastornos de personalidad.
En la misma línea, y apoyado en cifras, el criminólogo Santiago Redondo (Universidad de Barcelona) ha documentado que la terapia cognitivo-conductual reduce la reincidencia del 18,2% al 4,1% en agresores tratados en prisiones catalanas.
Frente a los dos anteriores, la psicóloga forense Belinda Winder, de la Nottingham Trent University, defiende que el tratamiento farmacológico combinado con intervención psicoterapéutica puede reducir la reincidencia en más de un 50% en perfiles con parafilias. La evidencia científica disponible, sin embargo, presenta limitaciones metodológicas que impiden extraer conclusiones definitivas.