La historia de uno de los crímenes más atroces cometidos en España en la última década podría volver a la esfera pública con voz del propio autor confeso. El escritor y periodista Luisgé Martín tiene previsto publicar ‘El odio’. La obra recoge las confesiones de José Bretón, condenado en 2013 por asesinar a sus dos hijos, Ruth y José, en Córdoba en 2011. La publicación, según fuentes cercanas al autor citadas por Europa Press, está prevista para finales de este año, e incluirá un ensayo añadido.
El proyecto editorial ha estado rodeado de controversia desde su origen. Anagrama, editorial inicialmente encargada de lanzar el libro en marzo de 2025, paralizó la publicación tras la denuncia presentada por Ruth Ortiz, madre de los menores y víctima directa de la violencia vicaria ejercida por Bretón.
Aunque la Audiencia de Barcelona rechazó las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía —que pedía la suspensión de la publicación—, la editorial decidió extinguir el contrato con Martín en abril, alegando “presión social”. El escritor recuperó entonces los derechos de la obra y manifestó públicamente su intención de seguir adelante con la publicación. No obstante, no se ha confirmado si lo hará mediante autopublicación o a través de otro sello.
Una publicación cuestionada
La posibilidad de dar voz a Bretón ha generado un intenso rechazo entre colectivos feministas, juristas y asociaciones de víctimas. Todos ellos advierten de los riesgos de revictimización y del uso del espacio mediático para legitimar o exponer al agresor. La polémica no solo ha estado en el ámbito editorial. También ha reavivado el debate político y jurídico sobre los límites de la libertad de expresión cuando se enfrenta a los derechos de las víctimas.
El Ministerio de Igualdad, tras conocerse el contenido de la obra, anunció que trabaja en una reforma del Código Penal. Su intención es prohibir a los condenados por violencia vicaria difundir información por canales públicos o mediáticos.
La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, declaró el pasado abril que el Gobierno tenía ya “muy avanzado” un anteproyecto de ley al respecto. El texto incluiría también castigo penal para este tipo de conductas.
Aunque aún no hay una propuesta legislativa definitiva, el Ministerio ha señalado que esta futura norma también incluirá la prohibición del uso del falso síndrome de alienación parental (SAP) en procesos judiciales.
Esta es una figura que está desacreditada por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, está prohibida en la legislación española, aunque sigue presente en informes de algunos servicios técnicos y en resoluciones judiciales.
El caso Bretón: un crimen planificado
El asesinato de Ruth y José, de 6 y 2 años respectivamente, conmocionó al país. Los hechos ocurrieron el 8 de octubre de 2011. José Bretón denunció ese día la desaparición de sus hijos en el Parque Cruz Conde de Córdoba, donde, según su versión, los había perdido de vista mientras jugaban. Durante días, participó activamente en la búsqueda y apareció en medios de comunicación pidiendo colaboración ciudadana.
Sin embargo, la investigación desmontó pronto su relato. Las pruebas apuntaron a que Bretón nunca llevó a los niños al parque. Los había asesinado previamente en la finca familiar de Las Quemadillas. Allí fue donde posteriormente incineró sus cuerpos en una hoguera especialmente diseñada para impedir la identificación de los restos.
El análisis forense de los fragmentos óseos hallados en la finca fue clave para desmontar su coartada. Inicialmente, un perito indicó que se trataba de huesos de animales, pero una segunda pericial independiente encargada por la familia materna confirmó que eran restos humanos infantiles.
Bretón fue finalmente condenado a 40 años de prisión, aunque la pena efectiva quedó en 25 años, el máximo contemplado por el Código Penal entonces.
La violencia vicaria como forma extrema de control
El caso de José Bretón es uno de los ejemplos más brutales de violencia vicaria. Esta violencia se ejerce sobre hijas o hijos como instrumento para dañar a la madre. Reconocida como forma de violencia de género en España tras la reforma de la Ley Orgánica 1/2004, ha ido ganando peso en las políticas públicas.
Desde 2013, año en que se empezaron a contabilizar los asesinatos de menores en este contexto, 65 niñas y niños han sido asesinados por sus padres o parejas de sus madres. Tres de ellos en lo que llevamos de año.