El Ministerio de Igualdad plantea prohibir que los condenados por crímenes de violencia vicaria puedan relatar sus delitos en libros o medios. La polémica por la novela ‘El odio’, inspirada en el caso de José Bretón, ha precipitado el debate jurídico y social.
La titular de la cartera, Ana Redondo, ha confirmado que trabaja en una propuesta de reforma del Código Penal. El objetivo de la medida es evitar que los condenados por violencia vicaria puedan beneficiarse de la difusión pública de sus crímenes.
De esta forma, la ley impedirá que se revictimice a las madres y familias afectadas a través de testimonios, libros o productos culturales que reconstruyan los hechos desde la perspectiva del agresor.
La propuesta legislativa, aún en fase de estudio, plantea modificar los artículos 39 y 48 del Código Penal para introducir una pena accesoria que restrinja la posibilidad de publicar, narrar o ceder los derechos de sus historias a los autores de este tipo de delito.
La iniciativa pues se apoya en la idea de que la violencia vicaria no termina con el asesinato. Se prolonga cuando se convierte en relato, en espectáculo y cuando se lucra con el dolor de las víctimas.
Que no vuelva a pasar lo de ‘El odio’
La decisión de Igualdad llega en un contexto de fuerte sensibilidad social tras la controversia generada por la novela ‘El odio’, del escritor Luisgé Martín. La obra está inspirada en el crimen cometido por José Bretón.
Bretón fue condenado en 2013 por asesinar a sus dos hijos, Ruth de seis años y José, de dos, para causar el mayor sufrimiento posible a su exmujer, Ruth Ortiz. El libro, que no llegó a distribuirse, recreaba literariamente el caso desde el punto de vista del asesino. El autor mantuvo correspondencia durante más de tres años con José Bretón quien, por primera vez, confesó los hechos.
La editorial Anagrama anunció en abril la rescisión del contrato con el autor de ‘El odio’ y la devolución de los derechos de la obra.
Tras el anuncio de la publicación, Ortiz solicitó la intervención de la Fiscalía para paralizar la publicación, alegando que la novela vulneraba los derechos fundamentales de sus hijos fallecidos y suponía una nueva forma de victimización.
Aunque el juzgado de primera instancia número 39 de Barcelona denegó las medidas cautelares solicitadas por no poder aplicarse censura previa, la editorial Anagrama decidió voluntariamente cancelar la salida del libro, prevista para el 26 de marzo de 2025. Finalmente, el 16 de abril, anunció la rescisión del contrato con el autor y la devolución de los derechos de la obra.
‘Evitar un precedente’
“Justicia, sentido común y humanidad hacia las víctimas. Eso es lo que pedimos”, declaró Ruth Ortiz en una entrevista tras anunciarse la publicación del libro en maro pasado.
En su momento, la madre de los niños asesinados insistió en que la difusión de este tipo de contenidos atenta contra la dignidad y el duelo de las familias afectadas: “No queremos que se convierta en un precedente. Las víctimas tenemos derecho a no ser utilizadas , reclamó.
No obstante, el caso ha provocado un intenso debate en torno a los límites de la libertad de creación y los derechos de las víctimas. Mientras algunos juristas han defendido la legalidad de la obra bajo la premisa de la libertad de expresión, numerosas asociaciones feministas han alertado de la urgencia de regular estos vacíos legales.
La Fundación Mujeres, por ejemplo, calificó de “innecesaria” la obra y de «inadmisible» la publicación del libro y organizaciones como la Plataforma Feminista contra la Violencia Vicaria reclamaron la prohibición a que los asesinos puedan convertir sus crímenes en relatos comercializables.
Con la libertad de expresión
No obstante, desde sectores académicos y literarios se han expresado dudas sobre los efectos que podría tener una legislación demasiado restrictiva sobre la producción cultural.
Luisgé Martín, autor de la novela, ha lamentado el dolor causado a Ortiz, pero ha defendido su derecho a explorar las zonas oscuras del ser humano a través de la literatura.
En una entrevista concedida tras la cancelación del libro al programa ‘La Noche 24 horas’ de RTVE, Luisgé afirmó que «no publicar ‘El odio’ es de sociedades prefascistas» y confesó que fue un error por su parte no informar a Ortiz de la elaboración de la obra.
Pacto contra la violencia de género
La reforma que plantea Igualdad pretende cubrir un vacío legal y enviar un mensaje claro sobre la dimensión estructural de la violencia vicaria. Reconocida legalmente en España desde 2021, esta tipología de violencia de género se refiere a los crímenes cometidos por un hombre contra los hijos o hijas de una mujer con la intención de causarle el mayor daño posible. Desde 2013, 63 menores han sido asesinados en este contexto, según datos oficiales.
De consensuarse, formaría parte de una revisión más amplia del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Esta busca adaptar las herramientas jurídicas a nuevas formas de violencia machista, incluidas la económica, la digital y la vicaria.
A favor, un gran número de entidades feministas para las que el derecho a la libertad de expresión no puede estar por encima del derecho de las víctimas a no ser expuestas, utilizadas o traumatizadas de nuevo.
La madre de Gabriel reclama leyes para todos
A raíz de la decisión del Ministerio de Igualdad, Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Ruíz, asesinado por la pareja del padre, ha reclamado a los poderes públicos leyes que protejan también a las madres y a los padres de los niños asesinados al margen de la violencia vicaria.
En declaraciones a Europa Press, siguiendo el hilo de su publicación en la red social ‘X’ Ramírez ha declarado que es necesario «una ley que prohíba a los asesinos de nuestros hijos, independientemente de si son menores de edad o mayores, que se lucren con nuestros casos, que nos saquen otra vez, nos reutilicen y nos obliguen a ir a los juzgados no pudiendo hacer nuestras vidas».
Cabe recordar que Ramírez paralizó una serie sobre el caso de Gabriel que preparaba una conocida plataforma de streamming antes de que esta iniciara el rodaje, llegando incluso a plantear sus razones en el Congreso de los Diputados.