La fiabilidad de uno de los instrumentos clave en la protección de víctimas de violencia de género ha quedado en entredicho. María Ángeles Carmona, expresidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha lanzado hoy una advertencia contundente en el Senado sobre las pulseras telemáticas que se imponen a agresores. Estas, ha dicho, “dejan de funcionar cuando se mojan” y pueden ser retiradas con relativa facilidad.
La magistrada realizó estas declaraciones en el marco de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de las Estrategias del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, donde compareció para trasladar su experiencia con el sistema Cometa, el encargado del control de estos dispositivos.
Carmona lo ha dejado claro. Para la magistrada existen fallos técnicos y de diseño que comprometen la eficacia de un mecanismo pensado para proteger a las víctimas y reforzar el control sobre los agresores.
Un dato objetivo y contrastado
“En cuanto se moja, la pulsera deja de funcionar”, advirtió Carmona, señalando que esta situación se ha constatado en sede judicial. No se trata de una hipótesis, sino de una realidad observada en declaraciones de agresores y en la práctica diaria de los juzgados. A ello se suma un segundo problema que calificó de “grave” y que tiene que ver con la facilidad con la que estos dispositivos pueden ser desinstalados por quien los porta.
Ambas deficiencias, subrayó, requieren una corrección urgente en el próximo contrato del sistema. La petición, pues, no es menor. Estos dispositivos forman parte del sistema de seguimiento de las medidas cautelares y penas de alejamiento en casos de violencia de género y violencia sexual. De ahí que su correcto funcionamiento resulte esencial para garantizar la seguridad de las víctimas y la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Un sistema renovado por problemas anteriores
Las advertencias de Carmona se producen en un momento en el que el Gobierno ya ha dado luz verde a una renovación del sistema. El Consejo de Ministros aprobó en enero la contratación del nuevo servicio integral de seguimiento telemático, que prevé mejoras técnicas relevantes.
Según explicó la ministra de Igualdad, Ana Redondo, los nuevos dispositivos incluirán mayor resistencia al agua, baterías de mayor duración, sensores de movimiento y temperatura corporal, una tarjeta eSIM no extraíble y pantallas reforzadas.
Sin embargo, la magistrada puso el foco en el presente, alertando de una “falta de confianza” creciente en estos dispositivos, tanto por parte de los órganos judiciales como de las propias víctimas.
Menos pulseras por falta de confianza
Este deterioro de la credibilidad del sistema tiene consecuencias directas. Según detalló, en los últimos dos años se ha producido una paradoja preocupante. Mientras aumentan las medidas cautelares, las condenas y el uso de sistemas como Atenpro, el número de pulseras electrónicas instaladas ha descendido.
Lógicamente, si los dispositivos no ofrecen garantías suficientes, jueces y tribunales optan por otras medidas, reduciendo el uso de una herramienta que, bien implementada, ha demostrado ser eficaz.
Un sistema eficaz si funciona
De hecho, la exvocal del CGPJ reivindicó el valor del sistema cuando funciona correctamente. “Es una herramienta enormemente eficaz para ayudar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, defendió, al tiempo que reclamó que se restablezca su fiabilidad para recuperar la confianza perdida.
La comparecencia de Carmona también sirvió para visibilizar otros problemas estructurales en la respuesta judicial a la violencia de género. Entre ellos, la sobrecarga de los juzgados especializados y la gestión de casos que afectan a menores. La magistrada advirtió de que estos asuntos se derivan a juzgados de instrucción sin especialización, pese a la recomendación del propio CGPJ de evitarlo.