El actual debate sobre las pulseras de protección para mujeres víctimas de violencia de género ha escalado dramáticamente en los últimos días y ha servido como arma arrojadiza entre políticos. Primero, la recusación en el Congreso de la ministra de Igualdad, Ana Redondo; más tarde, las peticiones de dimisión de la oposición y, paralelamente, las solicitudes de auditoría e investigación de los hechos por parte de los socios de Gobierno.
Hoy, también, la comparecencia en el Congreso de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza para pedir disculpas a las mujeres víctimas, para dar explicaciones sobre los dispositivos, y afirmar, una vez más, que estos no fallaron; que las mujeres “estuvieron protegidas”, y que el sistema cuenta con mecanismos alternativos de salvaguarda.
Un sistema, ha explicado, que controla cada día 30 millones de geoposicionamientos de media para la protección de 4.730 mujeres portadoras de uno de los aparatos de detección para su protección.
La víctimas, en medio
Y en medio de todo este batiburrillo político electoralista, las víctimas. Ellas y las denuncias recientes de estos días que desafían la versión oficial. La última, hace apenas unas horas. Una mujer en el País Vasco cuyo agresor sobrepasó los 500 metros de alejamiento que le impuso el Juzgado de Violencia contra la Mujer. La pulsera no saltó y el agresor, recién salido de la cárcel, acosó a la víctima desde el telefonillo de su vivienda.
El delgado de Seguridad del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha confirmado que no ha pasado nada de mayor gravedad y todo ha quedado ahí, en el portal.
Es evidente, entonces, que la protección 100 por 100 que deben ofrecer los dispositivos, no es tal. Y aunque nos parezca normal que la tecnología falla, tres segundos de exposición ante el agresor no tiene las mismas consecuencias que quedarte sin cobertura en el móvil cuando vas a responder un whatssap. Y que una mujer, una sola, es suficiente para actuar en consecuencia.
Trabajadoras de ‘Cometa’ hablan de gestión ‘nefasta’
Nadie duda de que existe una voluntad real de proteger a las víctimas de violencia de género. Pero si algo han enseñado los años y la experiencia sobre esta lacra, es que a la voluntad hay que ponerle recursos, profesionalización y estudio.
Que algo se hizo mal en el trasvase de datos de un operador a otro, está claro. Y que algo sigue fallando lo confirman las trabajadoras del Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento, conocido por sus siglas, Cometa. En una carta pública, han señalado al Ministerio de Igualdad y a las empresas contratistas (Vodafone y Securitas) por una gestión que llaman “nefasta” y una “externalización peligrosa”.
Además, acusan a todos los implicados de una manipulación política del debate, donde “se miente categóricamente” sobre que todo está correcto. Critican que las herramientas tecnológicas no fueron diseñadas para el perfil de las víctimas. Además, que no se hizo una fase piloto antes de desplegar el sistema masivamente y que muchos asuntos se están gestionando con “parches”.
Trabajadoras del Cometa advierten de que se está gestionando el sistema con «parches» y que la empresa frena las mejoras porque ve como un «ataque» las críticas.
Y dicen más. En el comunicado alertan de que el personal con experiencia ha abandonado el servicio por desgaste emocional, agotamiento o porque no quisieron sumarse al silencio. Que cada crítica interna es vigilada por la empresa como un “ataque”, y que eso frena mejoras legítimas.
Pública frente a lo privado
A la zaga de estas declaraciones públicas, el sindicato UGT ha pedido al Ministerio de Igualdad que tanto el teléfono de atención a las víctimas de violencia de género, el 016, como el sistema Cometa, se reconozcan como servicios públicos permanentes, bajo la premisa de que “la violencia de género no es un negocio”.
Desde Igualdad han confirmado que están estudiando esa vía y que, de momento, lo que está planificado es la puesta en marcha de una nueva licitación del servicio para el cambio de operador.
UGT ha reclamado a Igualdad que reconozca como servicios públicos el ‘016’ y el servicio Cometa.
No obstante, el actual, ha explicado Martínez Perza en el Congreso, está mejorado con respecto al anterior. Por ejemplo, también da cobertura a víctimas de violencia sexual y entrega smartphones a las víctimas en lugar de dispositivos llamativos, para no estigmatizarlas. También incluye la utilización de dispositivos multiagresor y multivíctima, para que sólo se necesite uno, aunque puedan existir varios agresores.
Son mejoras que irán a más en el próximo contrato, dice la delegada, quien tampoco ha podido aportar el número de casos en los que los fallos de Cometa en el primer trimestre de 2024 beneficiaron judicialmente a los agresores, según recogía el informe de la Fiscalía.
Esa batalla, la numérica, es el caballo de batalla de los medios con las administraciones. Sin ir más lejos, el pasado 29 de abril, el día después del ‘gran apagón’, este periódico se puso en contacto con la Comunidad de Madrid y con la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género para pedirles datos sobre posibles incidencias en las pulseras, y en los centros de atención a víctimas de violencia de género, y a día de hoy, todavía seguimos esperando respuesta.