El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a uno de los contratos clave del sistema de protección frente a la violencia machista. Se trata de la contratación del servicio integral de seguimiento telemático de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación impuestas a agresores.
El acuerdo autoriza una inversión que puede alcanzar los 111,1 millones de euros y marca un punto de inflexión tras meses de polémica por los fallos detectados en el sistema COMETA durante el cambio de empresas gestoras.
El nuevo contrato, impulsado por el Ministerio de Igualdad, tendrá una duración inicial de tres años, con un presupuesto base de licitación de 71,3 millones de euros. Está previsto que pueda prorrogarse dos veces más, por periodos anuales, hasta alcanzar un máximo de 60 meses de vigencia.
2.000 pulseras en ‘stock’
La renovación no se limita a una mera continuidad del servicio, sino que los pliegos incorporan una batería de mejoras técnicas, logísticas y humanas. Su meta es reforzar la fiabilidad de los dispositivos y evitar las incidencias que en los últimos meses pusieron en cuestión la eficacia del sistema de control de agresores.
Entre los cambios más relevantes figura el aumento del número total de dispositivos, que llegará hasta los 17.660 a lo largo del contrato. Y se establece, por primera vez, un stock mínimo obligatorio de 2.000 dispositivos disponibles en todo momento, capaces de ser instalados en cualquier punto del territorio nacional en menos de 24 horas.
La empresa adjudicataria tendrá la obligación de mantener en stock 2.000 dispositivos disponibles en todo momento.
Una ‘eSIM’ no extraíble
En este apartado, como novedad, se permitirá la compra por separado de los distintos elementos que conforman cada ‘kit’, es decir, la tobillera, el teléfono móvil y los cargadores. De esta forma, se facilita ajustar las adquisiciones a las pérdidas, roturas o manipulaciones reales que se vayan produciendo.
Por otro lado, los nuevos dispositivos serán, en su mayoría, tobilleras en lugar de brazaletes, al considerarse más difíciles de manipular. Además, tanto la tobillera como el teléfono móvil asociado al agresor contarán con tarjetas eSIM no extraíbles. Esto loq que impide es la alteración del sistema mediante la retirada de la tarjeta.
Una alerta adicional
Uno de los avances más significativos incluido en el nuevo contrato será la incorporación de una alerta adicional de proximidad. Esta estará basada en la detección directa por bluetooth entre el dispositivo del agresor y el de la víctima que se se sumará a las alertas ya existentes y se cursará de forma inmediata cuando se detecte una cercanía no permitida.
Las tobilleras dispondrán además de geoposicionamiento autónomo, de modo que el agresor seguirá localizado incluso si deja de forma intencionada el teléfono móvil en su domicilio. A ello se añaden mejoras en la seguridad criptográfica para impedir que se rompa la vinculación entre los dispositivos del agresor y de la víctima.
Contacto exclusivo entre las víctimas y la Sala Cometa
La atención directa a las mujeres también se amplía con dispositivos que incorporarán un número 900 exclusivo para la comunicación de las víctimas con la Sala Cometa. En el servicio habrá dos puestos específicos de especialistas en psicología para atender llamadas que requieran una intervención especializada.
La Sala Cometa pasará de contar con un único responsable a dos, e incorporará nuevos puestos de responsabilidad. El objetivo es aumentar la coordinación y supervisión de turnos, hasta alcanzar un mínimo exigido de 151 personas en sala.
Por último, y según los pliegos, la empresa adjudicataria estará obligada a remitir en un plazo máximo de 24 horas los partes de intervención a juzgados, fiscalías y fuerzas de seguridad. Igualmente, deberá mantener niveles elevados de disponibilidad del servicio y a cumplir con planes de mantenimiento programado.