Las niñas que fueron grabadas sin su conocimiento dentro del colegio Virgen de Europa de Boadilla del Monte llevan tres años esperando que la justicia determine si los hechos que les afectan merecen ser juzgados en un juicio oral. Este viernes, la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid comienza a deliberar sobre el recurso de apelación presentado por la defensa del ex docente investigado. Un paso que puede abrir o cerrar definitivamente esa puerta.
La investigación se inició en 2022 cuando apareció material audiovisual. Según las pesquisas, este se captó de manera oculta en el entorno del centro educativo. A partir de ese hallazgo, la Guardia Civil analizó dispositivos electrónicos intervenidos en los registros y localizó archivos con imágenes de menores.
Las grabaciones podrían haberse extendido durante varios años, aunque parte del material estaba dañado o destruido, lo que complicó el análisis. A raíz de las investigaciones, la policía detuvo a uno de los profesores del centro en junio de 2022. Posteriormente, quedó en libertad con medidas cautelares. Entre ellas, la prohibición de acercarse al centro y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado. La instrucción corrió a cargo del Juzgado número 5 de Móstoles.
Qué se le imputa
La jueza instructora dictó en julio de 2025 un auto de transformación a Procedimiento Abreviado. En él acusó al investigado de presuntos delitos de abusos sexuales sobre menores de 13 años, delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores.
La acusación se centraba tanto en la modalidad de producción de pornografía infantil como en la de tenencia. E incluye delitos contra la intimidad por descubrimiento y revelación de secretos.
Son cargos que reflejan la gravedad de lo que, de confirmarse, supone una violación sistemática de la intimidad y la indemnidad sexual de las niñas por parte de alguien en quien depositaban confianza, y en un espacio donde tenían derecho a estar seguras.
Durante la instrucción se tomó declaración también a responsables del centro, incluido el director. La jueza, sin embargo, excluyó al colegio de cualquier responsabilidad civil.
Un patrón que los datos confirman
Lo ocurrido en Boadilla no es un caso aislado en un sentido estadístico. Según un estudio del Ministerio de Igualdad elaborado por la Asociación de Mujeres Juristas Themis a partir del análisis de 455 resoluciones judiciales dictadas entre 2010 y 2019, los centros educativos y otros espacios donde los menores realizan actividades deportivas o de ocio concentran el 12,84% de los abusos sexuales contra menores.
El mismo informe señala una brecha alarmante sobre las denuncias procedentes de centros educativos, servicios sociales o sanitarios, porque apenas representan el 4,24% del total. Lo que pone de manifiesto las carencias en protocolos, formación y mecanismos de detección.
Los centros educativos y otros espacios donde los menores realizan actividades deportivas o de ocio concentran el 12,84% de los abusos sexuales contra menores.
A esto se suma que el 96% de los agresores no tiene antecedentes penales relacionados con violencia sexual, lo que dificulta la identificación previa del riesgo. Y que se estima que el 90% de los abusos sexuales contra menores en España no llega a denunciarse ante la policía o la justicia.
La fase decisiva
Tras la desestimación de varios recursos previos —el último, en enero de 2026, contra el auto que transformó el procedimiento—, la causa llega ahora a un momento clave. La Audiencia Provincial debe analizar el recurso de apelación de la defensa. Y también deberá decidir si el caso sigue adelante hacia juicio oral o si se archiva.
Para las víctimas y sus familias, esta resolución determinará si el sistema les ofrece un juicio donde sus vivencias sean reconocidas formalmente, o si el procedimiento se cierra sin llegar a ese umbral.