España encabeza el ranking mundial de marcos legales para la igualdad económica de las mujeres con una puntuación de 97,93 sobre 100, según el informe ‘La Mujer, la Empresa y el Derecho 2026’, presentado este jueves en un acto conjunto del Banco Mundial y el Ministerio de Igualdad.
Es el mejor resultado de las 190 economías analizadas. Sin embargo, el dato no es un motivo de celebración ya que ni siquiera España ha logrado la plena igualdad. El propio informe advierte de que las leyes, por sólidas que sean, se quedan en papel mojado si no van acompañadas de mecanismos reales de aplicación.
Políticas y servicios, novedades en el análisis de 2026
Esta es la undécima edición de una serie que cada año mide las normas que afectan a las oportunidades económicas de las mujeres a lo largo de su vida. La novedad de 2026 es que el análisis ya no se limita a lo que dicen las leyes, sino que incorpora dos dimensiones adicionales.
Por un lado, se centra en los marcos de apoyo, es decir, en las políticas, instituciones y servicios que permiten a las mujeres ejercer sus derechos en la práctica, y, por otro, en las percepciones de cumplimiento, recogidas a través de más de 20.000 expertos en todo el mundo.
Aunque en la mayoría de países existen marcos legales para fomentar la igualdad real, estas son escasas y su cumplimiento en bajo.
El resultado es un retrato en tres capas de la desigualdad legal que revela una realidad más oscura de lo que las normas escritas sugieren.
Una brecha que se agranda entre la ley y la realidad
La puntuación media mundial en marcos legales es de 67 sobre 100. No es una cifra brillante, pero el problema real aparece cuando se compara con los otros dos pilares. En concreto, los marcos de apoyo alcanzan solo un 47 de media, y las percepciones de cumplimiento se quedan en 53.
En la práctica, esto significa que incluso donde existen leyes de igualdad, los sistemas diseñados para hacerlas efectivas son insuficientes, y los expertos consideran que su aplicación es débil o poco coherente.
El informe, además, sintetiza esta paradoja con una conclusión tozuda: incluso si todas las leyes vigentes se aplicaran íntegramente, las mujeres seguirían teniendo apenas dos tercios de los derechos económicos de los hombres. Y la realidad es que esas leyes se cumplen solo a medias.
Dónde fallan más las economías
El análisis cubre diez ámbitos del ciclo de vida laboral femenino divididos en seguridad, movilidad, trabajo, remuneración, matrimonio, parentalidad, cuidado infantil, empresariado, activos y jubilación. Los resultados más bajos se concentran en tres áreas críticas.
Para empezar, la seguridad frente a la violencia es el punto más débil a escala global, incluso entre las economías más avanzadas. En los países de la OCDE, las leyes que abordan la violencia contra las mujeres siguen siendo incompletas, y su cumplimiento queda sistemáticamente rezagado respecto a las garantías escritas.
El empresariado presenta también brechas persistentes en el acceso al crédito y al mercado. Y el cuidado infantil es, en palabras del propio informe, un punto débil crítico en la mitad del ciclo de vida de las mujeres.
En ese punto, los países de renta baja, solo tienen disponible alrededor del 1% de los marcos de apoyo necesarios, y el cumplimiento de las leyes de cuidados alcanza menos de un tercio de su potencial en todo el mundo.
El coste de no actuar
Los datos no son solo una cuestión de derechos. Son también una cuestión de crecimiento. Estimaciones recientes citadas en el informe indican que reducir las brechas de género en la participación laboral generaría aumentos del PIB de entre el 15% y el 20% en muchas economías.
En los países donde las leyes son más igualitarias, la tasa de participación laboral femenina es 28 puntos porcentuales más alta que en los que ocupan los últimos puestos del índice. Así, la brecha entre la participación de hombres y mujeres en el mercado laboral se reduce en más de 20 puntos y la representación parlamentaria femenina es más del doble.
No obstante, la paradoja más inquietante que revela el informe es geográfica más que económica. Por ejemplo, las regiones con mayor proporción de mujeres jóvenes en edad de incorporarse al mercado laboral —África Subsahariana, Asia Meridional, Oriente Medio y Norte de África— son precisamente las que acumulan las mayores barreras legales. Mientras soportan una presión demográfica sin precedentes para crear empleo, sus marcos legales siguen siendo los más restrictivos del mundo.
El impulso reformador y sus límites
Entre octubre de 2023 y octubre de 2025, 68 economías de todas las regiones promulgaron 113 reformas legales orientadas a la igualdad de género. Los ámbitos más activos fueron la seguridad y el empresariado, seguidos de parentalidad, remuneración, trabajo y cuidado infantil.
Países como Egipto, Madagascar, Somalia, Omán, Jordania y Kirguistán han aprobado leyes que reducen las protecciones a las mujeres.
Egipto, Madagascar, Somalia, Omán, Jordania y Kirguistán lideraron los avances. Sin embargo, el informe también documenta retrocesos. Entre ellos que seis economías aprobaron leyes que redujeron protecciones en hasta siete ámbitos distintos.
El mensaje final del Banco Mundial es, pues, claro. Las reformas legales son necesarias, pero no suficientes. Para que la igualdad escrita se convierta en igualdad vivida, los gobiernos deben invertir en sistemas que hagan cumplir esas leyes, y garantizar que las promesas del papel lleguen a la vida cotidiana de las mujeres.