La Fiscalía de Madrid ha solicitado el archivo de la causa penal abierta contra el ex diputado Íñigo Errejón por la denuncia de agresión sexual presentada por la actriz Elisa Mouliaá. El órgano judicial considera que los indicios recabados durante la instrucción no permiten sostener una acusación formal ante un tribunal.
El escrito del Ministerio Público, remitido al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, resulta especialmente relevante por un matiz central. Y es que la Fiscalía afirma otorgar “plena veracidad” al testimonio de la denunciante. Sin embargo, entiende que no ha quedado acreditado que el denunciado fuera consciente de que la relación no era deseada hasta que ella lo expresó de forma explícita.
Precisamente, ese fue el momento en que Errejón habría detenido su conducta. Esto, a juicio del Ministerio Público, impide apreciar el tipo penal de agresión sexual.
Un año de investigación
La petición de archivo llega después de más de un año de investigación judicial. Durante ese periodo, el juez instructor tomó declaración a ambas partes, a testigos y a peritos. También, recabó documentación, incluidas conversaciones mantenidas entre Errejón y Mouliaá. Dichas conversaciones se produjeron, supuestamente, en octubre de 2021 tras un acto público de presentación de un libro.
En su argumentación, la Fiscalía reconoce que la actriz manifestó haberse sentido cohibida y no haber deseado la relación sexual “en los términos en que finalmente se desarrolló”. Sin embargo, considera que no existen elementos suficientes para demostrar que esa falta de consentimiento fuera perceptible para el denunciado con anterioridad a que ella lo verbalizara de manera expresa.
Ese punto —la interpretación del consentimiento y de la conciencia del denunciado— se sitúa en el centro de una decisión que ha generado el debate jurídico y social.
Errejón, procesado
La solicitud de archivo contrasta con la posición previa del juez instructor. El mismo acordó en noviembre procesar a Errejón al apreciar que los indicios existentes no habían quedado desvirtuados durante la instrucción. Esa decisión judicial fue recurrida por la defensa del exdirigente político ante la Audiencia Provincial de Madrid y ahora queda condicionada por el criterio del Ministerio Público.
La causa permanece ahora a la espera de que el órgano judicial valore la petición fiscal y resuelva si procede el archivo definitivo. También cabe la posibilidad de que mantenga la apertura de juicio oral.