Un grupo de docentes de Educaciónn Secundaria ha elaborado un informe educativo con el que pide a la Justicia que paralice el desahucio de una alumna de un instituto del distrito madrileño de Latina, al entender que perder su casa agravaría su vulnerabilidad y vulneraría su derecho a la educación. El documento lo han presentado este viernes el Sindicato de Inquilinas y la plataforma docente Menos Lectivas en los Juzgados de Primera Instancia de Madrid.
El informe se ha incorporado al procedimiento que instruye el Juzgado de Primera Instancia número 99 de la capital, donde está fijado el lanzamiento para el próximo 28 de octubre. Con él, ambas organizaciones piden al juez que tenga en cuenta cómo está afectando la inseguridad residencial al desarrollo académico y personal de la menor, cuya familia está amenazada de desalojo por el fondo inmobiliario Brookfield.
«Sin vivienda no hay educación»
Según explicó la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, el texto describe la vulnerabilidad educativa que la alumna arrastra desde hace años a causa de la inestabilidad en su vivienda, y concluye que sus consecuencias serían todavía más graves si llegara a ejecutarse el desahucio. Por eso reclama que se detenga de inmediato, de modo que la menor pueda seguir desarrollándose y continuar en su centro.
“Sin vivienda no hay educación”, resumió Del Río ante los medios, antes de denunciar que las prácticas especulativas del mercado inmobiliario están dañando “gravemente a la infancia”, ya que la incertidumbre sobre si podrán seguir en su casa repercute directamente en la capacidad de aprendizaje de niños y niñas. A su juicio, con este paso el profesorado va más allá en la defensa de la educación pública y reivindica también el derecho de su alumnado a un hogar digno y estable.
La portavoz recordó además que el caso no es aislado, sino que afecta a numerosas familias, y que la vivienda en la que reside la menor fue en origen de titularidad pública. El Ayuntamiento de Madrid vendió estos pisos en 2013 al fondo Blackstone y, desde entonces, según Del Río, sus inquilinos han atravesado “un prolongado periodo de inseguridad contractual y procedimientos judiciales”. En abril de este año, Blackstone cerró la venta de estos inmuebles a Brookfield, una operación en la que, criticó, el Gobierno no intervino para recuperar las viviendas y garantizar la estabilidad de quienes viven en ellas.
‘Menos lectivas’ denuncia la situación de familias de alumnos que viven hacinadas en habitaciones compartidas y de menores que cambian una y otra vez de centro o no saben dónde dormirán al día siguiente.
«Una realidad cotidiana», según los docentes
Por su parte, el portavoz de Menos Lectivas, Raúl Araque, aseguró que los efectos de los desahucios sobre el alumnado son “una realidad cotidiana” en las aulas. Lo sabe por su trabajo como orientador en un colegio público, donde vivió el caso de un alumno de primero de la ESO que dejó de ir a clase varios días, hasta que el tutor llamó a la familia y supo que la estaban desahuciando. “¿Cómo va un niño de 13 años a pensar siquiera en ir a clase?”, se preguntó.
Araque habló también de familias que viven hacinadas en habitaciones compartidas, de menores que cambian una y otra vez de centro y de docentes que temen que sus alumnos dejen de venir porque no saben dónde dormirán al día siguiente.
Esa inestabilidad, añadió, golpea con especial dureza al alumnado con necesidades educativas específicas, como el que tiene autismo, porque los traslados le impiden asentar vínculos con compañeros y profesores. Por eso, defendió que los centros escolares sean un apoyo para las familias, ya que los desahucios afectan a “los niños antes, durante y después”.