UGT Madrid ha denunciado que la Comunidad de Madrid ha entregado la explotación de más de 500 viviendas de protección pública a empresas privadas durante 75 años. Mientras, el Gobierno regional defiende que el suelo seguirá siendo público y que la fórmula permite construir más vivienda asequible sin cargar el coste sobre los madrileños.
El sindicato considera que la Comunidad «hipoteca el patrimonio común hasta los primeros años del siglo XXII» y denuncia que el modelo de alquiler asequible «perpetúa» un sistema que «desprotege a las familias trabajadoras».
UGT señala especialmente la situación de los inquilinos del Plan Vive, que según el sindicato afrontan sobrecostes por la obligación de pagar garajes y trasteros «incluso a quienes no los necesitan», además del IBI, la tasa de basuras y los gastos comunes.
«La vivienda es un derecho social fundamental y un pilar de estabilidad para las familias trabajadoras, no un activo financiero diseñado para enriquecer a unos pocos a costa de la mayoría», ha afirmado UGT Madrid.
Suelo y viviendas, protegidas
Desde la Consejería de Vivienda, que dirige Jorge Rodrigo, han respondido a Europa Press que no se entrega vivienda pública a privados, sino que se moviliza suelo público «para construir más vivienda asequible sin cargar al contribuyente con todo el coste de construcción».
Durante los 75 años de concesión, explican, el adjudicatario financia, construye y gestiona las viviendas, que después revierten a la Administración «sin coste alguno». El departamento recuerda además que esta fórmula también se aplica en comunidades gobernadas por el PSOE, como Navarra y Castilla-La Mancha.