Los afectados por el Plan Vive de la Comunidad de Madrid han pedido este martes la creación urgente de una mesa de diálogo y negociación con la Administración regional y las gestoras privadas de las promociones para intentar resolver los “más de 130” tipos de incidencias detectadas en sus viviendas.
Entre los problemas denunciados figuran plagas de ratas e insectos, fallos en grifería y aerotermia, problemas de frío en invierno y calor en verano, falta de mantenimiento, inseguridad en zonas comunes, incidencias que se cierran sin resolver y sobrecostes respecto a los precios inicialmente previstos.
La denuncia se ha realizado en una rueda de prensa celebrada en la sede de UGT Madrid, con la participación del sindicato, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y la Asociación de Inquilinos y Personas Afectadas por el Plan Vive.
“Las viviendas están construidas en suelo público, con dinero público y nadie se está haciendo cargo de nada”, han denunciado desde UGT Madrid.
De 20 a 200 viviendas afectadas
La Asociación de Inquilinos y Personas Afectadas por el Plan Vive nació el pasado mes de febrero y, según sus responsables, ha experimentado un “crecimiento exponencial” desde entonces. Ha pasado de representar a unas 20 viviendas afectadas a cerca de 200, correspondientes a una decena de promociones repartidas en ocho localidades.
Para los afectados, esta evolución demuestra que no se trata de casos aislados, sino de una problemática que se repite en distintas promociones del Plan Vive.
El Plan Vive es una de las principales apuestas del Gobierno regional en materia de vivienda. Se basa en un modelo de colaboración público-privada, en el que la Comunidad de Madrid pone suelo público a disposición de empresas privadas para construir y gestionar viviendas en alquiler a precios, según el Ejecutivo autonómico, entre un 30% y un 40% por debajo del mercado.
Sin embargo, los inquilinos aseguran que la realidad que se han encontrado dista mucho de esa promesa inicial.
“Pagamos 1.500 euros por una vivienda que iba a costar 900”
Uno de los testimonios más contundentes ha sido el de Sergio Montero, presidente de la Asociación de Inquilinos del Plan Vive e inquilino de una vivienda de tres habitaciones en Valdebebas.
Según ha explicado, la vivienda iba a tener un coste aproximado de 900 euros, pero actualmente está pagando alrededor de 1.500 euros al mes.
“Los pagos mensuales son lo que más nos afecta. Evidentemente, cuando te tocan el bolsillo es lo peor de todo. Yo puedo vivir con insectos en el jardín, pero tengo que vivir con dinero en la cuenta”, ha señalado.
Montero ha denunciado que en algunos casos el esfuerzo familiar supera el 50% o el 60% de los ingresos. También ha criticado el cobro de conceptos como plazas de aparcamiento “a familias que ni siquiera tienen coche”, trasteros con precios superiores a los de la zona, el IBI, la tasa de basuras o cuotas de comunidad que, según los afectados, no se traducen en mejoras visibles.
“Si de un módulo que debíamos estar pagando 900 euros estamos pagando 1.500 o 1.700, hay un sobrecoste añadido”, ha censurado.
Incidencias cerradas sin resolver
Los afectados también denuncian falta de comunicación con las gestoras. Según Montero, en algunos casos no disponen de un teléfono de urgencias y las incidencias deben comunicarse por correo electrónico.
“El principal problema que hemos tenido es la falta de comunicación con la gestora”, ha explicado. Asegura que hay incidencias pequeñas, como grifos rotos, y otras mucho más graves, relacionadas con la insalubridad por plagas de ratas, que según la asociación se repiten en varias promociones.
Además, sostiene que muchas incidencias aparecen como cerradas aunque no se hayan solucionado.
“Cuando ponemos una incidencia a través del canal que nos dice la gestora, al día siguiente tenemos la incidencia cerrada, esté solucionada o no”, ha denunciado.
A su juicio, la Comunidad de Madrid debería ejercer una supervisión real, ya que las concesionarias pueden enfrentarse a sanciones administrativas o incluso a la pérdida de la concesión si no atienden correctamente los problemas.
Los afectados acusan a la Comunidad de estar “ausente”
La Asociación de Inquilinos y Personas Afectadas por el Plan Vive considera que la Comunidad de Madrid es la responsable última del programa, aunque la gestión directa de las promociones esté en manos de empresas privadas.
Los afectados aseguran que han intentado reunirse sin éxito con la Consejería de Vivienda, dirigida por Jorge Rodrigo, para buscar una solución.
“La Comunidad de Madrid está totalmente ausente”, ha afirmado Montero, quien ha reclamado una mesa de diálogo en la que estén presentes los inquilinos, las gestoras y la Administración regional.
“Nosotros creemos que la única salida es la mesa de diálogo y negociación en la que estén representadas las partes implicadas: los inquilinos representados por la asociación, las gestoras y la Comunidad de Madrid”, ha remarcado.
Respaldo de la FRAVM y UGT Madrid
La petición de los afectados ha sido respaldada por la FRAVM. Su responsable de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, Quique Villalobos, ha defendido que los inquilinos no se han organizado “porque se aburrían”, sino porque tienen problemas reales.
“Es inadmisible que las gestoras y la Comunidad de Madrid no reconozcan la legitimidad activa para la defensa de sus derechos y no hayan accedido a sentarse con ellos”, ha censurado.
También desde UGT Madrid, la secretaria de Igualdad y Vivienda, Esther Chaves Alonso, ha reclamado una “supervisión pública y efectiva” por parte del Gobierno regional y una respuesta ágil cuando aparecen incidencias.
“Las gestoras solo se centran en embolsarse el dinero y están tratando a las personas como activos económicos”, ha denunciado.
La Comunidad defiende el “éxito” del Plan Vive
Frente a estas denuncias, la Comunidad de Madrid ha defendido el “éxito” del Plan Vive y ha asegurado que el programa está dando respuesta a miles de familias.
Desde la Consejería de Vivienda han subrayado que la gestión ordinaria de las promociones corresponde a las empresas concesionarias, que tienen la obligación contractual de atender las incidencias y garantizar el correcto mantenimiento de los edificios.
“La Comunidad de Madrid no se desentiende en absoluto de estas promociones”, han señalado fuentes del departamento regional.
El Gobierno autonómico sostiene que supervisa que las concesionarias cumplan sus obligaciones y que el Plan Vive permite acceder a viviendas “de calidad” a precios inferiores a los del mercado libre.
“Nadie está obligado a permanecer en ella”
Desde la Comunidad de Madrid también han defendido que, en promociones de esta envergadura, pueden producirse incidencias puntuales, pero que existe un sistema de gestión y seguimiento para resolverlas.
Además, han censurado que se citen importes concretos sin explicar la tipología de la vivienda, la superficie, el número de dormitorios o el municipio, al considerar que eso ofrece una visión parcial del programa.
La Consejería ha recordado igualmente que la relación entre arrendador y arrendatario se rige por la Ley de Arrendamientos Urbanos y que existe la posibilidad de desistir del contrato si la vivienda ya no responde a las necesidades del inquilino.
“Nadie está obligado a permanecer en ella”, han remarcado desde el Gobierno regional.
Los afectados, por su parte, responden que abandonar la vivienda puede implicar una penalización económica, por lo que insisten en que la solución no pasa por marcharse, sino por corregir los problemas de unas promociones levantadas sobre suelo público.
La batalla del Plan Vive entra así en una nueva fase: los inquilinos reclaman sentarse a negociar, las gestoras siguen en el punto de mira y la Comunidad de Madrid defiende un modelo que considera clave para ampliar la oferta de vivienda asequible en la región.
