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El consejero de Educación, Ciencia y Universidades y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, ha sostenido que en el Ejecutivo han recibido «con satisfacción» la noticia de que Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, declaró ante la Fiscalía Anticorrupción por el contrato público de las mascarillas.

«Nosotros lo que queremos es que el fiscal tenga en sus manos toda la información posible para que este asunto se archive lo antes posible«, ha señalado este miércoles en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde, además, ha recordado que la Comunidad de Madrid ha facilitado toda la información que tenían en sus manos.

Este martes se conocía que la Fiscalía Anticorrupción ya ha interrogado al hermano de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, por su vinculación al contrato de mascarillas adjudicado por el Ejecutivo regional al inicio de la pandemia a una empresa de que la percibió 55.000 euros.

El hermano de la presidenta declaró antes de Semana Santa, según ha avanzado el diario ‘El Mundo’, una citación que se suma a la del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, quien ya dio explicaciones como testigo ante la Fiscalía por el mismo contrato.

Desde el Ejecutivo madrileño han defendido desde que saltara la polémica que Tomás Díaz Ayuso cobró 55.000 euros más IVA de la empresa Priviet Sportive no por obtener un contrato con la Administración regional sino por el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material sanitario. Aseguran que se trató de «una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación».

El contrato en cuestión alcanza un valor de más de 1,5 millones de euros para la adquisición de mascarillas FFP2 y FFP3 que fue adjudicado en abril de 2020 a la Priviet Sportive, S.L., cuyo administrador único es Daniel Alcazar, al que se relaciona con el hermano de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.

Enrique Ossorio, en rueda de prensa (Foto: D.Sinova/Comunidad de Madrid)

Contratos del Gobierno central

Por otro lado, Ossorio ha hecho hincapié en que espera que «cuando vaya a declarar el marido de la señora Nadia Calviño, que cuando vayan a declarar los padres del señor (Pedro) Sánchez, cuando vaya a declarar el señor (Salvador) Illa, cuando vaya a declarar el señor (José Luis) Ábalos, el del pueblo del señor Illa que hizo contratos con el Ministerio de Sanidad o cuando vayan los imputados del Gobierno de España por haber fracasado en la compra de 300 millones haya mucho interés en saber qué han dicho, cuándo fueron o cómo lo hicieron».

«Creo que es muy interesante saber en esas declaraciones que es lo que va a suceder», ha manifestado, después de que el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, haya acordado abrir diligencias de investigación para analizar los contratos de emergencia del Gobierno de Pedro Sánchez que se incluyeron en la denuncia que presentó el Grupo parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid.

El pasado 10 de marzo tuvo entrada en esa fiscalía especializada de la denuncia del portavoz del PP en la Asamblea en la que señalaba «irregularidades que considera habidas en los contratos de emergencia, relacionados con el Covid-19» y formalizados por la Administración General del Estado y el sector público institucional, así como otras irregularidades que afectaban a contratos y a la concesión de subvenciones públicas.

Luzón indica que el PP «nada aporta», salvo la referencia a publicaciones en medios, sobre la relación de los adjudicatarios con las personas aforadas que se indican y su posible intervención o ayuda en la obtención de los contratos, esto es, sobre su participación en los hechos delictivos por los que se presenta esta denuncia.

Por eso, excluye la participación de momento de esas «personas aforadas», algo que de haber admitido hubiera conllevado que el asunto fuera elevado al Supremo. Y trae a colación el decreto por el que abrió diligencias sobre el contrato vinculado al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para indicar que en este caso también «resulta procedente la práctica de algunas diligencias que, sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas, permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados».

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