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El fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha acordado abrir diligencias de investigación para analizar los siete contratos de emergencia del Gobierno de Pedro Sánchez que están contemplados en la denuncia que presentó el Grupo parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid.

En un decreto de ocho páginas, recogido por Ep, el fiscal jefe indica que los hechos denunciados «revisten especial trascendencia» por lo que incoa diligencias para el esclarecimiento de los mismos, «debiendo abrirse unas diligencias por cada una de las empresas supuestamente favorecidas» entre que están Beedigital –a la que la denuncia vincula con la ministra de Economía, Nadia Calviño– e Industrias Plásticas Playbol, vinculada a los padres del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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Las otras seis empresas presuntamente “favorecidas”, según el decreto de la Fiscalía hecho público este viernes son Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, FCS Select Products, Member of the Tribe, Weihai Textile Group import & export co, Hyperin grupo empresarial y Páginas Amarillas Soluciones Sigitales, ahora Beedigital.

Luzón recuerda que el pasado 10 de marzo tuvo entrada en esa fiscalía especializada de la denuncia del portavoz del PP en la Asamblea en la que señalaba «irregularidades que considera habidas en los contratos de emergencia, relacionados con el COVID-19» y formalizados por la Administración General del Estado y el sector público institucional, así como otras irregularidades que afectaban a contratos y a la concesión de subvenciones públicas.

Tras detallar hasta 13 contratos por valor de más de 320 millones de euros, Anticorrupción explica que el hilo conductor en la exposición de los hechos que conforman las irregularidades que se denuncian «son las sociedades adjudicatarias, con independencia del órgano adjudicador».

Añade que las irregularidades que se detallan básicamente son la vinculación de cada una de las sociedades con las distintas administraciones y la falta de comprobación de la concurrencia de los requisitos mínimos para la formalización de los contratos. Y suma que, para el PP, estas conductas «pudieran constituir los delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos».

Luzón indica que el PP «nada aporta», salvo la referencia a publicaciones en medios, sobre la relación de los adjudicatarios con las personas aforadas que se indican y su posible intervención o ayuda en la obtención de los contratos, esto es, sobre su participación en los hechos delictivos por los que se presenta esta denuncia.

Por eso, excluye la participación de momento de esas «personas aforadas», algo que de haber admitido hubiera conllevado que el asunto fuera elevado al Supremo. Y trae a colación el decreto por el que abrió diligencias sobre el contrato vinculado al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para indicar que en este caso también «resulta procedente la práctica de algunas diligencias que, sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas, permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados».

«Y ello debido a la relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública con sujeción al sistema de valores instaurado en la Constitución y a la indiscutible trascendencia social del contexto en que tienen lugar los hechos descritos en la denuncia», añade.

Luzón explica que esta indagación se debe realizar incoando diligencias de investigación penal, y que es pertinente investigar si «los contratos de adquisición de material sanitario denunciados, por fallidos o fraudulentos, se ajustaron a las exigencias y garantías impuestas por la contratación administrativa».

El portavoz parlamentario del PP, Alfonso Serrano . EP

El PP lo celebra

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha celebrado que la Fiscalía Anticorrupción vaya a abrir diligencias de investigación para analizar los siete contratos de emergencia del Gobierno de Pedro Sánchez que están contemplados en la denuncia que presentó el Grupo parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid.

«Llevamos meses viendo cómo el Gobierno de España a raíz de la pandemia contacta con empresas que nada tienen que ver con productos sanitarios, sino con empresas que habían facturado cero euros el año anterior y empresas que no eran capaces de suministrar lo que habían cobrado previamente», ha incidido Serrano en declaraciones remitidas a los medios.

Por ello, ha reconocido que se «congratula» de que la Fiscalía vaya a investigar estas contrataciones. Además, ha emplazado al Grupo Parlamentario Socialista a llevar a comparecer a miembros del Gobierno para que den explicaciones pertinentes.

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1 comentario

  1. Quedo perplejo y me pregunto después d leer el artículo pq no se manda a Europa también el tema d esas ayudas que se dan a empresas relacionadas,según su Señoría,a personas vinculadas con el gobierno.Creo que la ley del embudo no debería existir en una democracia y creo recordar que se presume que este país es una democracia….o hay varios tipos d esta forma d gobierno?

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