La Fiscalía Anticorrupción ha interrogado al hermano de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, por su vinculación al contrato de mascarillas adjudicado por el Ejecutivo regional al inicio de la pandemia a una empresa de que la percibió 55.000 euros.
El hermano de la presidenta, Tomás Ayuso, declaró antes de Semana Santa, según ha avanzado el diario ‘El Mundo’, una citación que se suma a la del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, quien ya dio explicaciones como testigo ante la Fiscalía por el mismo contrato.
Desde el Ejecutivo madrileño han defendido desde que saltara la polémica que Tomás Díaz Ayuso cobró 55.000 euros más IVA de la empresa Priviet Sportive no por obtener un contrato con la Administración regional sino por el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material sanitario. Aseguran que se trató de «una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación».
El contrato en cuestión alcanza un valor de más de 1,5 millones de euros para la adquisición de mascarillas FFP2 y FFP3 que fue adjudicado en abril de 2020 a la Priviet Sportive, S.L., cuyo administrador único es Daniel Alcazar, al que se relaciona con el hermano de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
Se trata de un contrato para el suministro mascarillas FFP2-3 para el pabellón 10 del Ifema del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) por el que el hermano de la presidenta regional habría recibido 55.000 euros más IVA de la empresa Priviet Sportive.
Cuando se conoció el caso, a raíz del espionaje a Díaz Ayuso, el Gobierno regional defendió ates los medios que los contratos para la compra de mascarillas con los que estaría vinculado el hermano de Díaz Ayuso «se ajustaría a la situación de mercado» y cumple con los criterios de calidad necesarios.
Facturas y gestiones
La Comunidad de Madrid ha reconocido que el hermano de Isabel Díaz Ayuso cobró 283.000 euros por sus gestiones y reconoce que Tomás Díaz Ayuso facturó a ‘Priviet Sportive’ 283.000 euros en 2020, en cuatro facturas distintas.
Tras conocerse el caso, la oposición en la Asamblea de Madrid (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) llevó el caso a la Fiscalía. La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso, amplió la denuncia los contratos «a familiares» de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y pidió una auditoría externa.
«Vamos a ampliar la denuncia a Fiscalía en los próximos días. Nuestros servicios jurídicos trabajan en la ampliación de la denuncia a la Fiscalía con otros contratos como los del Zendal, los contratos fraccionados a dedo a Artesolar, donde Tomás Díaz Ayuso es responsable de ventas, o los 400 millones de euros en gastos injustificados de Sanidad», trasladó Alonso.
