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La Delegación del Gobierno en Madrid ya ha tramitado la revocación de las 6.101 multas interpuestas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por desobediencia a los madrileños durante el primer estado de alarma, una vez que fue declarado inconstitucional hace unos meses por el Tribunal Constitucional.

Según datos aportados por el departamento que dirige Mercedes González, con motivo del estado de alarma que se declaró el 14 de marzo del 2020 mediante Real Decreto 463/2020, la Delegación madrileña tramitó un total de 6.101 expedientes por desobediencia a lo dispuesto en el mismo. Este estado de alarma terminó el 20 de junio.

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El Tribunal Constitucional dictaminó en julio la inconstitucionalidad de varios de los artículos del primer estado de alarma, por lo que en últimos meses de 2021 la delegada del Gobierno, Mercedes González, dictó las pertinentes resoluciones de revocación de esos 6.101 expedientes, las cuales ya están remitidas y notificadas (o publicadas en el BOE) a los interesados.

De ese número no obstante cabe hacer una división entre dos grandes grupos de sanciones por desobediencia. En el primero están los expedientes en los que el interesado no pagó. Estos son un total de 5.071 –el 83,12% del total–, los cuales ya fueron revocados y, siguiendo las indicaciones que cursó el Ministerio en su día, se publicaron todas por razones de interés general en el BOE. Al no haber pago de por medio se puede decir que estos expedientes no tienen ningún problema de litigiosidad por el interesado.

Luego están los expedientes en los que el interesado o bien pagó en fase voluntaria (la mitad de la sanción) o bien ya en fase ejecutiva. En este caso son un total de 1.030 resoluciones de revocación que igualmente ya han sido firmadas por la delegada. El problema es que en este caso las notificaciones se han cursado individualmente al interesado y además requiriéndole la presentación del número de cuenta, etc.., tal como indicó el Ministerio y la IGAE.

Lo cual quiere decir que las devoluciones o reembolsos se están haciendo por «goteo» a medida que primero, se notifique bien la resolución al interesado y segundo, que presente correctamente lo requerido. Lo que quiere decir el procedimiento de devolución del total de las sanciones pagadas puede llevar algún tiempo.

De los 1.030 que pagaron, 823 lo hicieron en acuerdo de inicio (300,50 euros), lo que se conoce como ‘pronto pago’ con una reducción del 50% en el importe de la sanción. Los 207 restantes abonaron los 601 euros correspondientes o bien hasta 720 euros los que tuvieron que abonar recargo durante la fase ejecutiva, según datos de la Delegación.

Agentes de la Policía Nacional realizan un control en la entrada de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón (Foto: Eduardo Parra EP)

El grueso de sanciones, locales y regionales

Las multas interpuestas en Madrid en base a este primer estado de alarma, que duró casi 100 días, fueron muchas más que estas 6.101. En total, se situaron en 184.517. De ellas, las FCSE formularon 76.294, pero las que no eran de desobediencia sino estrictamente sanitarias se las pasó a la Comunidad de Madrid.

Siguiendo el criterio de la Abogacía y del secretario general técnico de Delegación del Gobierno decidieron que eran suyas, ya que se interpusieron en base al cumplimiento de la normativa sanitaria dictada por la administración autonómica.

Preguntada al respecto la Consejería de Sanidad no ha podido concretar el número de multas que ejecutaron y, en el caso de las que llegaron los infractores, si se han revocado todas. De hecho, ante la cantidad de multas la Comunidad externalizó del servicio de cobro para dar apoyo y agilizar las tareas relacionadas con esa gestión.

Pero todavía quedan otra gran parte de multas interpuestas durante el estado de alarma en la región, las 108.223 registradas por las policías locales de cada ayuntamiento, unas 40.000 de ellas solo en la capital. Los técnicos municipales calculan que menos de un 10% de las notificadas fueron abonadas voluntariamente para beneficiarse de descuentos por pronto pago. La tardanza en incoar las multas y en el pago ha sido común por parte de las tres administraciones.

Una vez conocido su inconstitucionalidad, el Consistorio madrileño anunció en verano que o precedente, ya que el Pleno de la capital aprobó con el respaldo del PP y Cs una moción de urgencia de Vox que pedía, entre otros aspectos, «suspender la iniciación de expedientes sancionadores por vulnerar ese primer estado de alarma».

El Ayuntamiento revisó entonces los procedimientos sancionadores que estaban en curso y en los que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, «resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad».

«Lo que ya es firme o ya esté pagado y no esté recurrido en su momento y no tenga plazo de recurso, pues evidentemente no parece que pueda haber una revisión por parte de la administración, porque así mismo lo indica la sentencia», dijo en su momento la delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz.

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