La sesión de control en la Asamblea de Madrid ha vuelto a convertir la sanidad en uno de los grandes campos de batalla políticos. Esta vez, el choque ha arrancado con la ofensiva del PSOE, que ha puesto el foco en el nuevo contrato adjudicado al Laboratorio Clínico Central, un servicio que seguirá dando cobertura a seis hospitales públicos madrileños y a buena parte de Atención Primaria con una inversión de más de 120 millones de euros durante seis años.
La portavoz socialista, Mar Espinar, ha reprochado a la presidenta regional que mantenga lo que considera un trato de favor hacia Quirón, grupo al que ha vinculado con el entorno personal de Ayuso por la relación profesional de la pareja de la dirigente madrileña con una de sus empresas.
“En este trato de favor que hace con el principal cliente de su pareja, ¿qué sacan los madrileños? Pues una sanidad peor” — Mar Espinar, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid
Desde la bancada socialista se denunció que mientras la sanidad pública sigue soportando presión asistencial, listas de espera y falta de recursos, el Ejecutivo autonómico vuelva a aprobar una adjudicación millonaria ligada al principal grupo sanitario privado de la región. Esa crítica se produce apenas un día después de que el Consejo de Gobierno confirmara formalmente el contrato.
El contrato
El Gobierno madrileño defiende que esta adjudicación permitirá reducir tiempos de respuesta diagnóstica en pruebas sanguíneas y hematológicas urgentes y mantener un recurso que atiende a 1,4 millones de usuarios de hospitales públicos y más de un centenar de centros de salud. La Comunidad sostiene que se trata de una decisión técnica vinculada a la mejora del servicio y no de una concesión política.
Sin embargo, para el PSOE el debate no es solo sanitario, sino también político y ético. Espinar aprovechó su intervención para cuestionar que el Ejecutivo de Ayuso siga aprobando contratos de esta magnitud con un grupo empresarial que aparece de forma recurrente en el debate público por su relación con el caso de Alberto González Amador.
“¿Y tienen todavía la cara dura de hablarnos de corrupción esta semana?” — Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid
La portavoz socialista presentó así el asunto como un nuevo ejemplo de la sombra que proyecta ese vínculo sobre las decisiones del Gobierno regional. Esta conexión entre la adjudicación y el contexto judicial de la pareja de Ayuso también ha centrado parte de la cobertura política de las últimas horas.
La respuesta de Ayuso
Ayuso respondió elevando el tono y acusó al PSOE de tener “caradura” para hablar de corrupción precisamente en una semana marcada por el inicio de nuevas pesquisas judiciales sobre contratos de mascarillas durante la pandemia. La presidenta defendió que el modelo madrileño es “garantista” y sostuvo que en la Comunidad de Madrid “no se perdona nada y cada actividad se factura”, frente a lo que describió como una gestión plagada de escándalos por parte del Gobierno central y del PSOE. La referencia de Ayuso enlaza con la apertura de nuevas investigaciones sobre adjudicaciones de material sanitario en pandemia, un asunto que ha reactivado el choque político nacional.
La dirigente regional no entró a fondo en el detalle del contrato más allá de reivindicar la actuación de su Ejecutivo y convertir la respuesta en una enmienda a la totalidad contra los socialistas. En ese marco, trató de devolver el golpe vinculando al PSOE con casos de corrupción y con la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, en lugar de centrar el debate únicamente en la adjudicación a Quirón.
Sanidad, contratos y desgaste político
El rifirrafe llega en un momento especialmente delicado para el Gobierno madrileño, después de que la pareja de Ayuso siga bajo foco judicial en distintas piezas y justo cuando la oposición busca vincular cada nuevo movimiento relacionado con Quirón con ese contexto. Al mismo tiempo, el Ejecutivo autonómico intenta blindarse con el argumento de que el contrato responde a criterios asistenciales y a necesidades objetivas del sistema sanitario público.
