La causa que afecta a Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, vuelve a coger temperatura judicial. PSOE y Más Madrid han pedido al Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid que prorrogue seis meses más la pieza separada en la que se investigan presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal por supuestas operaciones empresariales irregulares.
Las acusaciones populares sostienen que la investigación lleva prácticamente paralizada desde octubre de 2025 y alertan de que siguen pendientes diligencias que consideran clave, entre ellas un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Por eso reclaman que se dé impulso a la causa antes de que quede frenada de nuevo.
El foco vuelve a una operación de casi 500.000 euros
En el centro de esta pieza está la compraventa de la sociedad Círculo de Belleza S.L., adquirida en 2020 por una empresa vinculada a González Amador por cerca de 500.000 euros. Las acusaciones consideran que el importe de esa operación resulta difícil de justificar, ya que meses antes participaciones de esa misma sociedad se habían vendido por cantidades mucho más bajas.
Ahí es donde PSOE y Más Madrid sitúan una de sus principales sospechas: que esa operación pudiera esconder un “pago encubierto” vinculado a favores o beneficios empresariales, con la mirada puesta especialmente en las relaciones con Quirón Prevención.
Las nuevas diligencias que reclaman
Entre las actuaciones solicitadas figura la declaración como investigado de Fernando C. M., directivo de Quirón Prevención, así como la testifical de Emilio C. H., responsable de grandes cuentas de la misma compañía.
Además, las acusaciones piden que la UDEF investigue las relaciones societarias y económicas entre las personas vinculadas a los hechos y que esa información se traslade también a la UCO. A eso se suma una de las diligencias más sensibles: una averiguación patrimonial integral de González Amador y de sus sociedades, Masterman y Maxwell, además de otras personas relacionadas con el caso, desde 2016 hasta la actualidad.
Rastreo de cuentas, propiedades y vínculos económicos
El escrito también reclama que, una vez realizada esa averiguación patrimonial, se solicite información a las entidades bancarias sobre movimientos de cuentas y a los Registros de la Propiedad para incorporar notas simples de los inmuebles localizados.
Las acusaciones entienden que estas diligencias son “esenciales” para aclarar si existieron vínculos económicos ocultos entre los implicados y si pudo haberse articulado un entramado societario para canalizar operaciones supuestamente irregulares.
Esta petición llega en un contexto judicial ya delicado para González Amador. En otra de las causas, la jueza Inmaculada Iglesias propuso ya juzgarle por un presunto fraude fiscal y falsedad documental, una investigación distinta pero conectada por el fuerte impacto político del caso.
