Más Madrid ha reclamado este lunes «voluntad política» a Isabel Díaz Ayuso y a José Luis Martínez-Almeida para cerrar los miles de pisos turísticos ilegales que operan sin control en la capital y otros municipios de la región.
La formación ha estado acompañada en su reclamo por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quien ha ofrecido la cooperación del Ministerio para poner fin a esta situación “de flagrante ilegalidad”.
Durante una visita al barrio de Palos de Moguer, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha denunciado esta mañana que “solo en diez calles de este barrio hay más de 118 pisos turísticos ilegales sin ningún tipo de inspección, control ni sanción por parte del Ayuntamiento de Madrid”.
Maestre ha comparado la situación con una hipotética proliferación de locales comerciales fuera de la ley: “Es difícil imaginar 15.000 farmacias, tiendas o restaurantes ilegales, pero eso es exactamente lo que ocurre con los pisos turísticos en Madrid”, ha criticado. La líder de la oposición en Madrid capital ha pedido su “cierre inmediato” y ha recordado que su grupo ha denunciado al Gobierno municipal ante la Fiscalía por un posible delito de prevaricación al “no actuar pese a conocer la situación”.
Además, ha instado a aplicar la Ley estatal de Vivienda para facilitar el acceso a la vivienda en un mercado que, denuncian, ha visto duplicarse los precios en pocos años.
Más inspecciones y registro regional
Por su parte, Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, ha destacado las «políticas» del Ministerio de Consumo que «son un ejemplo de cómo se puede plantar cara» al descontrol de los pisos turísticos desde el Gobierno de España frente a «una pasividad» de Ayuso y Almeida «o a veces la tibieza del Ministerio de Vivienda«.
Bergerot ha exigido a la presidenta Ayuso la creación de un registro autonómico de viviendas de uso turístico, “transparente y accesible”. La líder de Más Madrid asegura que el fenómeno no afecta solo a la capital, sino también a municipios como Alcalá de Henares, San Sebastián de los Reyes o El Escorial.
En este sentido, ha exigido a la dirigente madrileña que aumente todas las inspecciones y las sanciones y ha defendido en que «hay un consenso social» en cerrar los pisos turísticos ilegales, por lo que ha recordado que las competencias autonómicas y municipales «son de la señora Ayuso y el señor Almeida».
El Ministerio de Consumo intensifica su presión
El ministro Pablo Bustinduy ha recordado, por su parte, que hace un mes remitió al Ayuntamiento documentación sobre más de 15.000 pisos turísticos ilegales detectados en Madrid, sin haber recibido respuesta.
«La total inoperancia de las administraciones para poner coto a esta situación es verdaderamente inaceptable. No hemos visto ninguna iniciativa por parte del Consistorio para asumir su responsabilidad y poner fin a esta situación de flagrante ilegalidad«, ha criticado.
Bustinduy ha propuesto una reunión conjunta con el Ayuntamiento y ha solicitado la retirada de los anuncios de este tipo de alojamientos. También ha reclamado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que “ponga orden” en las administraciones de su partido.
El ministro de Consumo ha asegurado que el Ministerio tiene tres expedientes abiertos a plataformas y gestoras inmobiliarias por prácticas ilegales, como la promoción de alojamientos sin licencia o el cobro indebido de honorarios a los inquilinos.
«No podemos tolerar que en el ámbito de la vivienda impere la ley de la selva. No podemos consentir que se normalicen prácticas abusivas, fraudulentas o ilegales. En España hay leyes que defienden los derechos y de los inquilinos. No puede ser que campen a sus anchas los intereses de grandes operadores comerciales que se están lucrando a costa del derecho a la vivienda de las mayorías trabajadoras en nuestro país», ha remarcado.
El ministro ha insistido en que el Gobierno de Almeida «tiene las direcciones postales y puede inspeccionar hoy mismo» y le ha instado a que ponga en marcha «un plan de choque de inspección, de apertura de expedientes y de cierre de los apartamentos turísticos ilegales».
«Ya es hora de actuar, de decir basta. No puede ser que se consienta con los pisos turísticos lo que no se consentiría con ninguna otra actividad comercial, con un restaurante, con un bar o con una tienda. Si un piso turístico carece de licencia para esa actividad, debe ser cerrado de inmediato», ha concluido.
Carabante sugiere a Bustinduy «que cierre el ministerio» si no aplica competencias con VUT
El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha respondido a estas críticas y ha sugerido al ministro de Consumo «que cierre el ministerio» si no aplica sus competencias en lo que tiene que ver con la publicidad de las viviendas de uso turístico (VUT) y cree que sólo ha buscado «la fotito».
«Lo que tiene que hacer el ministerio es impedir que se puedan publicitar. Y para eso tiene competencias. Y si no las tiene, que en vez de cerrar las VUT, cierre el ministerio. Porque para qué queremos un ministerio que no tiene competencias», se ha preguntado.
Para Carabante, el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida «está actuando más de lo que se hizo del año 2015 al 2019, cuando gobernaba a la izquierda, cuando Rita Maestre era responsable y cuando no tomaron ninguna decisión, o más bien tomaron la decisión que ha permitido que hoy hubiera 16.000 viviendas turísticas»
