Más de cien asociaciones vecinales y entidades en defensa de la sanidad pública se concentrarán el jueves, a las 12.00 horas, a las puertas del Hospital Ramón y Cajal. Quieren «responsabilidades» por la supuesta alteración de las listas de espera del centro. La protesta la convoca el espacio Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid, que reúne a asociaciones, plataformas y entidades.
En la concentración reclamarán una investigación de lo sucedido y denunciarán las «trampas» en las listas de espera. También piden que se deje de «culpabilizar a la persona que ha denunciado las irregularidades», en referencia al cirujano Luis Alberto Martos.
Especialistas, gestores sanitarios y gobernantes, responsables por igual
La protesta llega después de conocerse el caso de 57 pacientes que sus cirujanos habían catalogado como prioritarios, con un plazo de 90 días para operarlos, y que pasaron a prioridad normal, con 180.
Para los convocantes, es una decisión inadmisible. «Ser capaces de modificar y aminorar la gravedad de nuestras patologías, cambiando la prioridad quirúrgica que necesitamos, la decidida por nuestros especialistas, poniendo en riesgo nuestra salud y nuestra vida, denota una crueldad y falta de ética que no son admisibles en quienes dirigen nuestro sistema sanitario público», señalan en un comunicado.
Los vecinos apuntan también a los gobernantes y afirman estar «indignadas» al comprobar que «los gestores de nuestro sistema sanitario público, la presidenta de la Comunidad y su consejera de Sanidad están dando más importancia a sus intereses políticos y económicos que a nuestra salud». Reclaman además que esos actos delictivos tengan la responsabilidad que les corresponda.
Sanidad contra el médico
La Consejería de Sanidad atribuyó el caso a un problema entre dos profesionales del centro. Por un lado, el denunciante, Martos, y su jefe de servicio, Basilio de la Torre. La consejera, Fátima Matute, aseguró la semana pasada que fue el propio Martos quien «manipuló de manera irregular» las listas de traumatología.
La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, añadió, además, que lo hizo para su beneficio, para trabajar menos y operar casos menos complejos», refiriéndose al asunto como «el bulo del culo de la semana». La Consejería anunció una investigación, con diligencias de información interna para revisar todo el sistema.