La Comunidad de Madrid ha dado luz verde a su Proyecto de Ley de Medidas Urgentes para la Vivienda, que busca ampliar la oferta de vivienda protegida y reducir los plazos de construcción permitiendo más edificabilidad y reduciendo las trabas administrativas.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto este miércoles con el objetivo de adecuar el ritmo de edificación a la demanda actual del mercado, motivada en gran parte por el notable crecimiento de población registrado en los últimos años, según ha dado a conocer el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, acompañado del portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín.
«La Comunidad de Madrid y este Gobierno lo que está haciendo es responder con gestión y con construcción y no con anuncios. Y por eso les informo que en esta legislatura se habrán promovido en torno a unas 70.353 viviendas con algún tipo de protección pública, de ellas, 26.142 viviendas son promovidas por la Comunidad de Madrid», ha dado afirmado.
El Ejecutivo autonómico quiere poner en marcha iniciativas que faciliten el acceso a la vivienda a jóvenes y familias, contribuyan a corregir el déficit estructural de inmuebles y atiendan las aportaciones del sector.
«Desajuste» en la creación de hogares
Así, el proyecto presentado en noviembre de 2025 por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en el marco del Plan de Choque de Vivienda 2026/27, responde «al acusado desajuste entre la creación de hogares y el ritmo de construcción». Se estima, además, que estas medidas facilitarán la creación de más de 18.000 hogares en los próximos cuatro años.
El consejero ha insistido en el objetivo de la Comunidad de Madrid de seguir avanzando en políticas de vivienda cuyo principal problema ha asegurado que se soluciona con la construcción de más pisos.
Este proyecto lo que establece es un conjunto de medidas y de actuaciones «extraordinarias y urgentes para incrementar rápidamente la oferta de vivienda de protección pública en la región, movilizando suelo ya planificado, reduciendo trámites burocráticos y al tiempo, y muy importante, facilitando la construcción de viviendas».
Aumenta la altura de edificios
Entre otros aspectos, la normativa introduce incentivos para incrementar la capacidad residencial sin consumir nuevo suelo. En concreto, finalmente, se permitirá ampliar hasta un 30% la densidad y un 20% la edificabilidad en parcelas destinadas a vivienda protegida.
Asimismo, se posibilita aumentar la altura de los edificios hasta en dos plantas adicionales para materializar estos incrementos, sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico, lo que contribuirá a reducir plazos y agilizar la ejecución. En este sentido, serán los propios municipios quienes decidirán si se aplican estos cambios que se posibilitan de forma excepcional y urgente durante un periodo de dos años para la solicitud de licencia y tres para las obras.
El texto amplía también las posibilidades de cambio de uso de terrenos y edificaciones, facilitando edificar casas con protección pública en suelos dotacionales de titularidad privada y de hospedaje ampliando la posibilidad ya existente de transformar inmuebles de oficinas en viviendas residenciales cuyo plazo se extiende dos años más.
Además, entendiendo el contexto y los elevados costes de construcción, se limita a una única plaza de aparcamiento por piso, frente a la obligación de disponer de una y media de la norma actual.
Silencio administrativo
La nueva normativa introduce el silencio administrativo positivo para agilizar la tramitación urbanística: si en tres meses no se emiten los informes sectoriales, el procedimiento podrá continuar automáticamente, salvo en casos que afecten al dominio público.
Para ello, se modifican diversas leyes autonómicas y se elimina la exigencia de estos informes en la fase inicial, manteniendo su carácter obligatorio antes de la aprobación definitiva. El objetivo es claro: reducir plazos y cargas burocráticas en el desarrollo de los proyectos.
