Cinco meses después de iniciar una huelga indefinida y movilizaciones, las educadoras infantiles madrileñas no tienen aún la mesa de negociación que reclaman y preparan ya su siguiente movimiento. Lo harán tras el encierro que protagonizaron el pasado miércoles 16 de septiembre en la Dirección de Área Territorial (DAT) Centro, en la calle Vitruvio, 2-4, y que acabó ese mismo día con un desalojo policial.
Según la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), 26 educadoras se personaron en la sede decididas a no marcharse sin conseguir una reunión con la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, a quien acusan de ignorarlas desde hace 165 días. Su objetivo era abrir una negociación que cierre el conflicto colectivo, iniciado el 7 de abril.
Un furgón con 25 policías
La plataforma denuncia que, durante el encierro, se ordenó cerrarles el baño y apagar el aire acondicionado. Añade que acudió un comisario de Policía que les advirtió de posibles consecuencias penales, antecedentes y multas. Según las educadoras, el desalojo se produjo cuando llegaron cuatro furgones con 25 policías nacionales, sin que las trabajadoras opusieran resistencia.
«El encierro terminó ese mismo día porque vinieron a desalojarnos y tuvimos que salir», ha relatado su portavoz a NOTICIAS PARA MUNICIPIOS, quien no descartó repetir la medida. «Desde luego algo hay que hacer», puntualizó. Y en este sentido, la plataforma celebrará una asamblea hoy lunes para decidir los próximos pasos de los que, avanzó la portavoz, irá informando de ellos.
Las eduadoras infantiles decidirán hoy en asamblea los próximos pasos a dar de cara a la huelga.
Salarios, ratios y reconocimiento
La reivindicación central de las educadoras sigue siendo la obtención de unos salarios dignos y piden que la Comunidad de Madrid se responsabilice de sus escuelas infantiles, incluyendo en los pliegos de licitación un complemento salarial. Sostienen que el Ejecutivo regional primero atribuyó el problema al Ministerio de Educación y, cuando este planteó modificar un real decreto, lo desplazó al convenio colectivo.
A la cuestión salarial suman las ratios de aula, que consideran inasumibles, ya que con las actuales, afirman, resulta inviable acompañar los procesos de separación y vinculación con las familias en el arranque de curso, una situación que, según la plataforma, se agrava por los cambios constantes de personal derivados de la huelga.
Las trabajadoras subrayan que su protesta no es política y que afecta a todas las familias con menores de entre 0 y 3 años, con independencia de su voto. Acusan al PP y a la Consejería de politizarla para eludir una respuesta y rechazan ser utilizadas como arma de ataque político.