El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprueba este miércoles el proyecto de Ley de medidas contra la Hiperregulación, una norma que busca reducir los trámites para la ciudadanía y las empresas y revisar las normas que se consideren obsoletas. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, lo adelantó el martes en la clausura del XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar. Una vez aprobado, el texto se remitirá a la Asamblea de Madrid para su debate y votación.
La medida central es un sistema de compensación. Es decir, cada nueva carga administrativa que se imponga a las empresas deberá ir acompañada de la eliminación de otra de coste equivalente. Además, las normas de organización tendrán fecha de caducidad.
De hecho, cuando la Comunidad apruebe una norma que obligue a las empresas a hacer algo nuevo, esa obligación no empezará a aplicarse cuando se publique, sino que tendrá que esperar a una de estas dos fechas fijas: el 2 de enero o el 1 de julio. Así los negocios sabrán de antemano cuándo pueden llegar los cambios y conseguir tiempo para prepararse, en lugar de enterarse de un día para otro.
Para la elaboración de la norma, la Comunidad se ha inspirado en el modelo británico para facilitar la adaptación, sobre todo, a pequeños y medianos negocios. Así mismo, el proyecto prevé también que la normativa se evalúe antes de aprobarse y después de empezar a aplicarse, para decidir si se mantiene, se modifica o se elimina.
Empresas privadas para tramitar
Uno de los aspectos con más recorrido es la participación de entidades privadas en la gestión de trámites administrativos, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta. Según el Ejecutivo autonómico, estas entidades necesitarán una acreditación y estarán sujetas a controles y responsabilidades para garantizar los derechos de la ciudadanía y las empresas.
El texto refuerza además la denominada Aceleradora de Inversiones, con tramitación preferente y plazos reducidos a la mitad para los proyectos considerados de especial interés. También crea espacios de prueba supervisados para ensayar productos o servicios que la legislación actual aún no contempla, e incorpora el uso de datos e inteligencia artificial en la gestión pública.
Las entidades privadas con acreditación podrán realizar trámites administrativos en nombre de las empresas, con el objetivo de recudir los tiempos de respuesta.
Un año de tramitación
El proyecto que hoy llega al Consejo de Gobierno es la culminación de un proceso que Ayuso anunció hace un año y que arrancó formalmente en mayo, cuando el Ejecutivo autonómico sacó a consulta pública el borrador de la ley.
La norma se presenta como el siguiente paso de una estrategia que la Comunidad mantiene desde hace años a través de la Línea Abierta contra la Hiperregulación, un canal en el que ciudadanía y empresas pueden señalar trámites o requisitos que consideren injustificados para que la Administración los revise.
Según el Gobierno regional, esta vía ha permitido ya reducir 738 normas, y la nueva ley, asegura, no supondrá ningún gasto adicional para las arcas públicas.