La Audiencia Nacional juzgará a partir de esta semana al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y al exsenador del mismo partido David Erguido, junto a otras trece personas, por presuntas irregularidades en la adjudicación de la organización de fiestas populares en distintos municipios de la Comunidad de Madrid. Este asunto se encuadra dentro del ‘caso Púnica’ y analizará la contratación de verbenas y festejos populares en Valdemoro, Algete, Ciempozuelos, Moraleja de Enmedio y Móstoles.
Entre los procesados figuran antiguos alcaldes de varios municipios madrileños y distintos cargos administrativos de esos ayuntamientos. La Fiscalía solicita para los acusados penas de entre dos y seis años de prisión por presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude en la contratación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.
En el auto de procesamiento, el entonces juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón describía un presunto sistema de adjudicación irregular de contratos públicos a Waiter Music y a otras sociedades propiedad del empresario José Luis Huerta para la celebración de verbenas y festejos populares en cinco ayuntamientos madrileños: Valdemoro —municipio del que Granados fue alcalde—, Algete, Ciempozuelos, Moraleja de Enmedio y Móstoles.
Según el relato judicial, en numerosos casos esta relación contractual fue posible porque los expedientes administrativos, cuando existían, estaban orientados previamente para que los contratos recayeran en Waiter Music o en empresas controladas directa o indirectamente por Huerta.
De acuerdo con el auto, la empresa organizadora de los festejos también «proporcionaba unos servicios extras a requerimiento de los políticos, bien en extras decididos al momento de las fiestas, bien prestando servicios privados para actos del PP municipal, bien para alguno de sus miembros que no eran nunca facturados».
Adjudicaciones superiores al millón de euros
La compañía logró en 2003 la adjudicación de contratos para la organización de festejos en varios municipios por importes que superaron el millón de euros. Según los indicios recogidos por el juez, la empresa de Huerta consiguió estas adjudicaciones apoyándose en su experiencia previa y en las relaciones mantenidas con distintos ayuntamientos, especialmente durante la etapa de Granados como alcalde de Valdemoro.
En concreto, el auto menciona adjudicaciones realizadas en 2003 en Valdemoro por 773.186,88 euros; Móstoles, por 262.000,00 euros; San Martín de la Vega, por 135.349,96 euros; Torrejón de Velasco, por 100.172,96 euros; Moraleja de Enmedio, por 104.565,12 euros; y Humanes de Madrid, por 87.491,47 euros.
Asimismo, se citan contratos de menor cuantía en Arroyomolinos, Villanueva de la Cañada y Titulcia, por importes de 7.948,32 euros, 17.527,60 euros, 17.469,88 euros y 17.527,60 euros, respectivamente. Según el juez, Huerta continuó contratando con estos municipios de forma ininterrumpida y con importes similares en algunos casos hasta 2013.
Al margen de estos ayuntamientos, el empresario también obtuvo facturación de varias constructoras —FCC, Acciona, Ferrovial Dragados, Sacyr y OHL— y de Metro de Madrid, por un importe total conjunto de 571.311,61 euros, de los que 198.940,00 euros correspondían a Metro de Madrid, S.A.
Operativa descrita en el auto
El auto señala que Huerta realizaba determinados encargos con el objetivo de mantener el apoyo de responsables políticos municipales en la adjudicación de festejos, asumiendo en algunos casos el coste de los servicios y, en otros, presentando facturas por importes superiores al beneficio mercantil real de los actos organizados.
Durante su declaración judicial, Huerta también se refirió a festejos del Patronato Madrileño de Áreas de Montaña, que agrupa a los 42 municipios de la sierra norte de la región, actividades que igualmente se recogen en el auto.
El documento judicial incluye asimismo un apartado relativo al concierto ‘Night of the proms’, un evento celebrado en Madrid por el «deseo personal» de Granados, según el juez, y que se organiza en distintos países.
Para su celebración se destinaron 225.000 euros de subvención pública y 80.000 euros procedentes de la empresa pública Arpegio. El empresario manifestó ante el juez que sufrió una pérdida de 75.000 euros en esta operación y declaró haber asumido también los gastos de la comunión de la hija de la exalcaldesa de Algete, Inmaculada.
Peticiones de condena
El juez instructor recogió las acusaciones formuladas por las distintas partes, entre ellas la Fiscalía Anticorrupción, que solicita para Francisco Granados una condena de seis años de prisión y 46 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por dos presuntos delitos de fraude en la contratación, dos de prevaricación administrativa y un presunto delito continuado de prevaricación.
Para David Erguido, el Ministerio Fiscal pide una pena de dos años y ocho meses de cárcel y 19 años de inhabilitación por presuntos delitos de prevaricación administrativa y fraude en la contratación.
El juez acordó además «fijar prudencialmente» la responsabilidad civil en 300.000 euros para Granados y en 50.000 euros para cada uno de los otros trece procesados.
Por su parte, la Comunidad de Madrid, personada como perjudicada, solicita para Granados una condena de siete años de prisión, 28 años de inhabilitación y una multa de 364.200 euros por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, fraude a las administraciones públicas y malversación de caudales públicos.
