El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha finalizado la investigación en la pieza 5 del llamado ‘caso Púnica’ y ha propuesto juzgar al exsecretario general del PP madrileño y exalcalde de Valdemoro, Francisco Granados, y a otras 20 personas por contratos en los ayuntamientos de cuatro localidades madrileñas: Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle.
En el auto de pase a procedimiento abreviado, el juez encuentra indicios para juzgar a Granados; al empresario David Marjaliza y a su mujer, Adela Cubas; así como a otros tres exalcaldes de Valdemoro y varios exaltos cargos del Consistorio de dicho municipio. También incluye a un exalcalde de la localidad de Moraleja de Enmedio, a técnicos municipales y personas vinculadas al Grupo Marjaliza.
La resolución del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, por contra, acuerda el archivo y sobreseimiento completo de la pieza 5 para dos personas. Para otras siete, el juez archiva parcialmente la causa solo en lo referente a dos de los expedientes vinculados a la participación en los procesos de licitación de la empresa Recuperaciones Oasis SL.
Los hechos, según el instructor, serían constitutivos de los delitos de cohecho en concurso real con un delito de prevaricación administrativa y revelación de Información reservada y secretos; tráfico de influencias; fraudes; cohecho de particular en concurso con un delito de prevaricación administrativa; aprovechamiento de información reservada para sí o para un tercero y cohecho de persona jurídica.
Según explica el auto, la pieza separada cinco se ha centrado en investigar la contratación administrativa llevada a cabo en los ayuntamientos madrileños de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle, lo que «ha permitido constatar una serie de prácticas por parte de los encargados municipales responsables del procedimiento de contratación, encaminadas a asegurar la adjudicación del contrato administrativo licitado a una determinada empresa».
Marjaliza como protagonista
En todos los contratos, indica, se constata una influencia directa o indirecta por parte del empresario David Marjaliza sobre quienes tiene la referida responsabilidad. «Se trata de lograr que la sociedad finalmente propuesta por el órgano de contratación sea precisamente aquella que al empresario interesa en cada caso», apunta.
En este caso, prosigue el juez, se pueden distinguir diversos supuestos entre los contratos sujetos a investigación. En uno de ellos, el empresario influía en los responsables del procedimiento de licitación, y además concurría en el procedimiento a través de alguna sociedad directa o indirectamente sometida a su control.
En otros, el empresario influía en los responsables del procedimiento de licitación, y lograba la adjudicación del contrato pese a no concurrir en la misma los presupuestos necesarios.
Por último, se constata la existencia de contratos en los que el empresario concurría al procedimiento de licitación mediante alguna sociedad directa o indirectamente sometida a su control, lograba la adjudicación del contrato a través de la influencia ejercida, y causaba un perjuicio económico injustificado al Consistorio.