El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha anunciado hoy que va a interponer una denuncia administrativa y otra penal en relación a la presunta vulneración del secreto de las comunicaciones de un colegiado por la revelación de datos en la investigación relativa a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Eugenio Ribón, decano de los abogados madrileños, ha sido quien ha anunciado las acciones legales en defensa del abogado del novio de Ayuso después de que el pasado jueves la Fiscalía de Madrid revelase en una nota informativa el ofrecimiento de un pacto por parte de este letrado en el caso que se sigue contra su cliente por presunto fraude fiscal.
Tal y como ha explicado hoy Ribón, hay dos supuestos delitos que pivotan sobre la actuación del Ministerio Público en relación al artículo 417 del Código Penal: violación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos.
El Colegio considera que, con la nota difundida, la Fiscalía vulneró su propia normativa, «que establece, como pauta general de actuación, el respeto a los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo y a los derechos de los afectados, tal y como resulta del artículo 4, apartado Quinto del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal así como el protocolo que regula los acuerdos de conformidad».
Ante las preguntas sobre filtraciones a medios de comunicación, ha replicado que cualquier revelación es «indeseable» pero «el ICAM no puede darle «trascendencia jurídica». «Otra cosa es un comunicado oficial en el que se detalla con todo lujo de detalles los pormenores de estos datos» en relación al caso de la pareja de Ayuso.
A esta situación se ha referido también el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, esta mañana. El regidor madrileño ha pedido este lunes la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por «filtrar voluntaria, consciente y deliberadamente» documentos sobre el secreto profesional del novio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
«El comportamiento de filtración del Ministerio Fiscal es gravísimo y tiene pinta de ser casi delictivo«, ha señalado Almeida para, a continuación, añadir que «hay que poner límites al hostigamiento al adversario político«.
El fiscal general defiende que «se salvaguardó» el deber de reserva
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por su parte, ha defendido en una carta a la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española que «se ha salvaguardado» el deber de reserva en el caso de Alberto González Amador, pareja de Ayuso.
«Incontrovertidamente alejado de la verdad queda que el objetivo y voluntad de la Fiscalía pueda ser interferir en las sagradas relaciones abogado-cliente y, más aún, revelar el contenido de una oferta de negociación de un letrado al Ministerio Fiscal», sostiene el jefe de la Fiscalía en la misiva.
García Ortiz entiende que en la referida nota de prensa de la Fiscalía Provincial de Madrid «solamente se comunicaron aquellos aspectos (conocidos anticipadamente por la opinión pública como consecuencia de una indeseable filtración) que resultaron indispensables para despejar cualquier sombra de sospecha sobre la actuación de los fiscales«, cuya «profesionalidad y honorabilidad» debe «proteger y defender» como fiscal general.
