El conflicto por el Estadio de Vallecas ha sumado un nuevo capítulo de choque directo. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha salido al paso de las acusaciones del Rayo Vallecano y ha calificado la postura del club de «intento desesperado de tapar la realidad».
Esto ha ocurrido después de que la entidad responsabilizara al Gobierno regional de la situación del recinto y le acusara de haber mantenido oculto durante más de siete meses el informe de la auditoría.
«Es falso. No se puede tolerar», ha declarado De Paco, en unas manifestaciones en las que ha tachado de «deshonesta» la posición del club y ha rechazado de plano sus acusaciones contra la Administración autonómica.
Un problema de origen, según la Comunidad, en el propio Rayo
Para el consejero, la estrategia del club responde a un intento de desviar la atención del verdadero origen del conflicto. Esto es, el presunto incumplimiento por parte del Rayo de sus obligaciones como concesionario del estadio. «Es un intento desesperado de tapar el verdadero objeto de este problema», ha insistido, subrayando que la Comunidad actuó al conocer deficiencias que ponían en duda la seguridad de las personas.
De Paco ha querido marcar distancia entre lo que ha definido como el «interés general» que guía a la Administración y el «interés particular» que, a su juicio, mueve a la dirección del club, encabezada por Raúl Martín Presa. «El Rayo piensa y actúa como si el estadio fuese suyo. El estadio es de dominio público, de todos los madrileños. No es del Rayo Vallecano», ha remarcado.
Igulamente, ha recordado que, por su titularidad autonómica, el recinto debe cumplir determinados estándares de seguridad y salubridad que, según defiende, la auditoría puso en entredicho.
Según el consejero, fueron esas deficiencias, y no un enfrentamiento personal con el club o con Martín Presa, las que llevaron a incoar el procedimiento de extinción de la concesión y a adoptar su suspensión cautelar como medida provisional. «El club no está capacitado para llevar la gestión del estadio y por eso se dicta la orden de extinción», ha sostenido, vinculando la decisión a lo que atribuye como «mala praxis» del Rayo en el mantenimiento del recinto.
La auditoría, en el centro de la disputa
De Paco ha rechazado con especial firmeza que la Comunidad ocultara el informe sobre el estado de las instalaciones durante más de siete meses, como sostiene el club. Según su versión, la auditoría permaneció abierta a la espera de documentación que debía aportar el propio Rayo tras detectarse cuestiones que requerían información adicional.
Según la cronología que ha detallado, la Comunidad remitió en junio un requerimiento al club para que presentara esa documentación. El Rayo dejó pasar el primer plazo, solicitó y obtuvo una prórroga, y tampoco entregó la información cuando esa ampliación venció el 13 de julio.
De Paco ha insistido en que mantendrá abiertas las vías de comunicación con el club y con su presidente.
Fue entonces, ha explicado, cuando se comunicó a los auditores la falta de documentación y se cerró el informe, elaborado por un profesional autorizado y visado por el colegio profesional correspondiente. «El Rayo no tiene credibilidad», ha zanjado De Paco.
No obstante, y a pesar de la dureza de sus declaraciones, De Paco ha insistido en que mantendrá abiertas las vías de comunicación con el club y con su presidente. «Yo no voy a dejar de hablar con el club ni con el presidente, pero me parece de muy mala fe y muy deshonesta la postura», ha matizado. Señalando también que el Gobierno regional tiene como objetivo que el equipo vuelva cuanto antes a jugar en el Estadio de Vallecas.