Luis Alberto Martos, el cirujano ortopédico del Hospital Ramón y Cajal que destapó la rebaja de prioridad de 57 pacientes en lista de espera, emprenderá acciones legales, tanto penales como civiles, contra la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute.
Según ha explicado, esta decisión responde así al «hostigamiento» que asegura haber sufrido desde que denunció los hechos. La querella, adelantada por El País, se tramitará a través del sindicato médico Amyts.
Disculpas de Matute o dimisión
El anuncio lo ha hecho público este jueves en una concentración de apoyo convocada por Amyts a las puertas del hospital, en la que más de un centenar de personas, muchas con bata blanca, se han reunido allí para respaldarle. Entre gritos de «consejera dimisión», los asistentes han portado carteles en los que pedían investigar lo ocurrido y proteger a quien lo denuncia.
El cirujano ha expresado su confianza en que la Justicia vuelva a darle la razón, como, según ha dicho, ha ocurrido hasta ahora. También ha calificado de «intolerable» que se le atribuya la alteración de las listas.
La secretaria general de Amyts, Ángela Hernández, ha ido un paso más allá y ha exigido a Matute que se retracte de lo que considera «acusaciones y mentiras» contra el médico y, si no lo hace, que abandone el cargo. El sindicato ha aprovechado la protesta para reclamar también más recursos con los que reducir de verdad las listas de espera.
Rebajada la prioridad del paciente sin consulta
El conflicto arrancó con la denuncia que Martos presentó dentro del propio hospital. El 15 de septiembre, El País publicó que dos responsables del centro habían rebajado la gravedad de pacientes pendientes de cirugía para que las listas de espera parecieran mejores de lo que eran.
Según esa información, los cambios afectaron a 57 pacientes del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Ocurrieron entre el 28 de febrero y el 14 de marzo del año pasado y todos ellos pasaron de la categoría de preferentes a la de normales. En la práctica, eso supone que el plazo máximo para operarles se duplicó: de 90 días pasó a 180.
Sanidad culpa al cirujano por querer «trabajar menos»
Lejos de investigar esos hechos, la Consejería dio la vuelta a la acusación. Matute atribuyó al propio Martos la manipulación de las listas y aseguró que lo había hecho para «trabajar menos» y operar casos menos complejos. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, respaldó esa versión.
Martos ha aclarado que no actuará contra Ayuso por lo que dijo en la Asamblea de Madrid, ya que sus palabras están protegidas por la inmunidad parlamentaria, aunque ha denunciado la difusión de bulos en redes sociales. El cirujano insiste en que el caso no es una cuestión política, sino de «responsabilidad ciudadana».