Más Madrid ha decidido llevar ante el Tribunal de Cuentas la operación inmobiliaria que más polémica ha generado en los últimos meses en la Comunidad de Madrid. Se trata de la compra, por parte de la empresa pública Planifica Madrid, de un ático de 485 metros cuadrados en el Paseo del General Martínez Campos por 6,3 millones de euros.
El Grupo Parlamentario de la formación ha presentado una acción pública ante el órgano fiscalizador para exigir responsabilidad contable y determinar si la operación causó un menoscabo a los fondos públicos, así como quiénes deberían responder por él.
«Dinero de los madrileños»
La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, no ha escatimado en dureza a la hora de calificar los hechos. «Estamos hablando de una operación que supera los 6,3 millones de euros, que es una operación corrupta, donde la información pública brilla por su ausencia, porque no hay ni un solo papel que aguante las razones por las que se gastó el dinero de los madrileños en comprar la casa de los sueños de Isabel Díaz Ayuso», ha denunciado.
García ha insistido, además, en que la posterior venta del inmueble no cierra el asunto y ha parafraseado a la presidenta con un «no hay ‘chao pescao’ que valga».
El escrito presentado ante el Tribunal de Cuentas no plantea, según defiende la propia formación, una investigación genérica de la gestión de Planifica Madrid. En realidad, pone el foco en una operación muy concreta que consideran rodeada de indicios de irregularidad: «No pedimos al Tribunal que investigue genéricamente una operación para ver si encuentra algo», recoge el documento, que reclama reconstruir toda la operación para determinar «la existencia, cuantía y responsables» del eventual perjuicio.
Más Madrid calcula una pérdida final para las arcas públicas de en torno a 364.500 euros.
Un ático para «oficinas»
El inmueble fue adquirido el 14 de abril de 2026 con la justificación oficial de dotar de oficinas temporales a la Presidencia regional mientras se acometían las obras de rehabilitación de la Real Casa de Correos.
Sin embargo, Más Madrid sostiene que esa necesidad nunca quedó acreditada frente a alternativas como el alquiler, y subraya que el ático no llegó a utilizarse antes de que la Comunidad anunciara su intención de venderlo. El partido reclama además aclarar por qué se optó por esa vivienda concreta. Sobre todo, porque en el catastro figura como uso residencial y no consta, según denuncian, una explicación pública sobre su idoneidad para fines administrativos.
Pérdidas de cerca de 400.000 euros
Los números que maneja la formación amplían considerablemente el coste real de la operación. A los 6,3 millones del precio de compra habría que sumar 378.000 euros del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y entre 4.500 y 9.500 euros en gastos de notaría y gestoría.
Estas cantidades sitúan el desembolso total entre 6,682 y 6,687 millones de euros, al margen de una comisión de intermediación de 189.000 euros que, según las informaciones recabadas, habría pagado la parte vendedora. Con la venta anunciada a 6,7 millones y descontando gastos e impuestos de la transmisión, Más Madrid calcula una pérdida final para las arcas públicas de en torno a 364.500 euros.
La acción presentada también busca esclarecer quién tomó las decisiones dentro de Planifica Madrid, sociedad adscrita a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local. El escrito cita al presidente del Consejo de Administración de la empresa, el consejero Miguel Ángel García Martín, y menciona igualmente a la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Reclamación del expediente completo
Esto último, no obstante, únicamente para determinar si intervino de forma efectiva en la definición de la necesidad del inmueble. Más Madrid remarca que no atribuye responsabilidades por el cargo ocupado, sino en función de la implicación real que pueda acreditarse en cada caso.
Para reconstruir todo el proceso, la formación solicita al Tribunal de Cuentas que reclame el expediente completo de compra y venta. Pero también, los acuerdos del Consejo de Administración, los informes jurídicos, técnicos y económicos previos, las tasaciones, las ofertas recibidas y la documentación registral y urbanística del inmueble. Además de pedir medidas cautelares que impidan, en palabras de García, que se consume «un desfalco contra las arcas públicas madrileñas».