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La acusación particular, ostentada por el inquilino, en el caso de los seis agentes de la Policía Nacional que irrumpieron en un piso de la calle Lagasca de la capital en marzo de 2021 solicita cuatro años de cárcel y seis años de inhabilitación absoluta por la presunta comisión de un delito de allanamiento de morada y daños.

La Audiencia Provincial de Madrid ordenó el pasado mes de marzo juzgar a los seis policías, entre ellos al subinspector al mando del operativo, al estimar el recurso interpuesto por el morador de la vivienda, a través de su abogado Juan Gonzalo Ospina, contra el auto por el que el juez acordaba levantar a cinco de ellos la imputación a instancias del fiscal.

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En el escrito, la acusación particular considera que los hechos son constitutivos de un delito de allanamiento de morada de los artículos 202.2 y 204 del Código Penal y subsidiariamente un delito del artículo 534 del Código Penal; además de un delito de daños del artículo 263.2.1 del Código Penal y subsidiariamente un delito de daños del artículo 263.1 del Código Penal.

En cuanto a la petición de penas, el morador solicita a los agentes dos años y seis meses de cárcel, multa de doce meses e inhabilitación absoluta de 6 años por el delito de allanamiento de morada. De forma subsidiario, se reclama la pena de multa de 12 meses a razón de 10 euros al día e inhabilitación especial para el empleo o cargo publico 6 años.

Por daños, se pide la pena de un año y seis meses de prisión y multa de 24 meses a razón de 10 euros al día; y subsidiariamente a la pena de 6 meses de multa a razón de 10 euros.

Dos coches de Policía Nacional en un dispositivo. (Foto: A.Martínez/Ep)

Los hechos

La intervención policial se produjo sobre las 00:50 horas del 21 de marzo de 2021, a pesar de que no tenían ni el consentimiento de los moradores ni autorización judicial, los agentes de Policía Nacional tiraron la puerta abajo de la vivienda situada en el número 18 de la calle Lagasca de la capital, accediendo a su interior y deteniendo a los moradores.

«Ante la negativa a abrir la puerta de la vivienda, el subinspector y su grupo de Policías Nacionales, en lugar de esperar a que los moradores abandonasen la vivienda para identificarlos a la salida y proceder a sancionarlos como infractores de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, decidieron de manera conjunta y premeditada, abrir la puerta por la fuerza, o en su caso derribarla», indica el escrito.

El escrito añade que los agentes sabían que actuaban de forma ilegal, ya que «no se estaba cometiendo delito alguno urgente y que requiriese su intervención de manera inmediata o necesaria», si bien «decidieron a sabiendas de su ilegalidad, porque tienen clara formación policial y lo han estudiado previamente en la Academia de Policía, que derribar la puerta de lo que es un domicilio vulnera claramente la intimidad de los moradores».

«Los acusados deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria en concepto de responsabilidad civil al morador, por los daños ocasionados en la vivienda en la cantidad de 2.921,33 euros y 4.000 euros por daños morales al haberse violentado su intimidad y haberse sometido al mismo a un procedimiento penal en base a una actuación policial ilegal, habiéndose incluso llegado a proceder a la detención del mismo y a iniciarse un procedimiento en su contra», concluye.

Alejandra Perez Navarro

Periodista en construcción, apasionada de la Historia Antigua y sus civilizaciones posee un blog propio donde escribe sobre ello. El ámbito periodístico que más ha trabajado ha sido la comunicación...

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