Avintia Desarrollos Inmobiliarios ha presentado una reclamación contra el Ayuntamiento de Móstoles por importe de 19,68 millones de euros, además de los intereses correspondientes, tras la resolución de una concesión demanial relacionada con una parcela situada en Móstoles Sur. El conflicto viene derivado, según el Consistorio, de una concesión «chapucera» que se realizó por parte del Gobierno del PSOE.
El asunto se encuentra en sede judicial y, según ha informado el Grupo Municipal Socialista, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha solicitado por tercera vez la remisión del expediente municipal al no haber sido recibido dentro del plazo establecido legalmente.
El PSOE de Móstoles ha pedido explicaciones al Gobierno municipal sobre las posibles repercusiones económicas derivadas del procedimiento y sobre la gestión realizada. Por su parte, el Ejecutivo local atribuye el origen del conflicto a una concesión «chapucera» concedida durante el anterior mandato socialista para la construcción de alrededor de 300 viviendas adicionales en una zona donde ya estaban proyectadas más de 700.
El PSOE señala además que la concesión se encontraba suspendida desde diciembre de 2023 por decisión municipal y apunta a las posibles consecuencias económicas asociadas a la reclamación formulada por la promotora.
Desde el Ayuntamiento indican que la resolución de la concesión fue promovida por razones de interés público, al considerar que el desarrollo previsto podía provocar el «colapso del barrio», generar dificultades de movilidad y afectar a la calidad de vida de los residentes de Móstoles Sur.
Nuevo requerimiento judicial
El juzgado ha concedido un nuevo plazo de diez días para la entrega del expediente administrativo solicitado. Asimismo, advierte de la posibilidad de imponer multas de entre 300 y 1.200 euros a la autoridad o funcionario responsable, sanciones que podrían repetirse cada veinte días hasta que se cumpla el requerimiento, según ha trasladado el PSOE local.
La formación socialista considera que esta situación pone de manifiesto deficiencias en la tramitación del procedimiento y reclama aclaraciones sobre las decisiones adoptadas y el alcance económico que podría tener para las cuentas municipales.
Por su parte, el Gobierno local sostiene que sus actuaciones se han ajustado a los criterios de los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento y afirma que la cantidad reclamada por la empresa es superior a la que eventualmente pudiera corresponder.
Fuentes municipales añaden que el Ayuntamiento renunció posteriormente a la recuperación de la parcela con el objetivo de proteger los intereses económicos municipales. Además, sostienen que fue la propia empresa la que manifestó su falta de interés en mantener la concesión antes de acudir a la vía judicial.
