El sindicato de CC OO ha anunciado que reclamará a readminisión de los 119 rastreadores de la Dirección General de Salud Pública que fueron despedidos el pasado 30 de junio.
Así se ha pronunciado el sindicato ante la vista oral de juicio que tendrá lugar este jueves en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para determinar si el despido, acordado por la consejería de Sanidad, estuvo ajustada a derecho.
Se trata de trabajadores y titulados superiores de disciplinas relacionadas con Ciencias de la Salud, Biología o Trabajo Social que fueron contratados durante 2020 para la detección precoz de casos de Covid-19, y para el seguimiento de casos y sus contactos estrechos en la Comunidad de Madrid.
Los servicios jurídicos de CC OO reclamarán a la Sala de lo Social del TSJM la nulidad del despido y la readmisión de los rastreadores, al entender que el Gobierno regional podría haber vulnerado la reforma laboral, aprobada en diciembre de 2021, porque la nueva norma no contempla la posibilidad de que las Administraciones Públicas puedan ejecutar despidos colectivos.
Otras tareas
En la demanda, la organización sindical defiende que estos profesionales, antes de ser despedidos, prestaron servicios en otras tareas, que si bien son propias de la Consejería de Sanidad, no tienen relación con las que originaron la contratación.
Además, alega que no es cierto que haya finalizado la obra o servicio para la que fueron contratados. De hecho, asegura que se mantienen a personal (50 profesionales) que hacen idénticas funciones a las que venían realizando las personas despedidas.
A este argumento se suma, además, que al suponer más de un centenar de despidos, las extinciones de contrato que se hicieron efectivas a fecha 30 de junio se deberían considerar por ley un despido colectivo al afectar a más de 30 trabajadores de una plantilla de más de 300 trabajadores y que no ha sido contemplado como tal.
Además, mantienen que no se entregó documentación justificativa de ningún tipo «a pesar de haber sido solicitada expresa y reiteradamente».
En este línea, la organización sindical defenderá que se produjo un fraude generalizado en la contratación y, por ello, pedirá que se declare la nulidad el despido colectivo al considerar que las finalizaciones de contrato «son contrarias a derecho y causan indefensión, por no ser cierto que haya concurrido el fin de obra o servicio para el que fueron contratados».
