La Fiscalía Europea ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción hacerse cargo de las diligencias abiertas por el contrato de emergencia suscrito por la Comunidad de Madrid para la adquisición de mascarillas durante la pandemia y que estaba vinculado a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
Este viernes, ha trascendido que la Fiscalía Europea se ha dirigido al departamento que dirige Alejandro Luzón porque considera que, con ese contrato, se ha podido cometer un delito de malversación de fondos europeos.
Así, desde la Fiscalía Europea se ha pedido derivar las diligencias a un procedimiento que se ha abierto en su seno por malversación y fraude a los intereses de la Unión Europea, ya que ese contrato se pagó con fondos ‘Feder’ europeos y, por tanto, tienen competencia en esa materia.
Mientras, Anticorrupción no puede negarse a enviar la documentación recabada ante la petición, pese a que advierten de que no ven que haya habido malversación porque, de hecho, las mascarillas llegaron a su destino.
Expertos en la materia entienden que desde la Fiscalía Europea pueden abrir el procedimiento por malversación, algo en lo que no puede entrar el Ministerio Público español, aunque ya desde Anticorrupción les habrían trasladado que no ven indicios porque las mascarillas se pagaron y se entregaron.
Más allá de eso, lo que desde Anticorrupción no enviarán a Europa es todo lo relativo a los delitos conexos que se investigan, que nada tienen que ver con la malversación, y que están relacionados con el tráfico de influencias, la posible falsedad en la factura emitida por Tomás Ayuso, la prevaricación y las negociaciones prohibidas a los funcionarios.
Y se niegan porque estos son delitos de corrupción que no tienen nada que ver con los fondos de la Unión Europea, sino que se refieren al funcionamiento de una administración pública española. Lo que se plantea ahora es un conflicto de competencias que debe resolver ahora la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, tras escuchar a la Junta de Fiscales de Sala.
«Sólo falta la ONU» por fiscalizarlo
La propia presidenta de la Comunidad de Madrid ha insistido en la legalidad del contrato público vinculado a su hermano y ha ironizado con que «solo falta la ONU» por fiscalizarlo.
Así ha respondido la dirigente regional a las preguntas de los periodistas, en un acto en Brunete. Ayuso ha hecho hincapié en que «la Fiscalía ha dejado claro que no hay ningún tipo de delito, que no hay ningún tipo de corrupción», tal y como «manifestó en su auto hace semanas».
Además, ha subrayado que lo mismo ha manifestado «la Cámara de Cuentas, que es un organismo independiente»; «la Intervención de la Comunidad, compuesta por funcionarios independientes», y «lo mismo que ha valorado la comisión de contrataciones de la Asamblea».
«Ya no sé en cuántos más organismos se va a fiscalizar esta historia. No sé a quién le interesa hacerlo así pero, sinceramente, después de tantos organismos falta la ONU por pronunciarse al respecto», ha declarado.
Un contrato sin «ninguna tacha»
Por su lado, el portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, ha defendido que el contrato de emergencia «no tiene ninguna tacha».
«Que lo investigue la Fiscalía Europea, como si lo investiga la Fiscalía de la ONU, no tenemos el más mínimo problema con ese contrato porque todas las instancias que han estudiado ese contrato han dictaminado que es perfectamente correcto», ha defendido.
En este sentido, ha recordado que «antes de que apareciera la Fiscalía», la Comunidad de Madrid ya aportó toda la documentación a la Asamblea de Madrid y el consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, fue a la Cámara regional «a dar todo tipo de explicaciones».
«Además, la Cámara de Cuentas, que es un órgano independiente que depende de la Asamblea de Madrid, con miembros que son designados por los Grupos Parlamentarios, ha dictaminado que, en concreto, ese contrato no tiene ninguna tacha, algo que determinó también la Inspección General de la Comunidad de Madrid», ha añadido.
En esta línea, ha recordado además el contexto en el que se produjo la contratación, en un momento de escasez de material sanitario de protección en lo peor de la primera ola de la pandemia por Covid-19. «Fue un contrato, que es que se nos ha olvidado, se hizo cuando no había mascarillas, cuando estábamos todos desesperados, cuando los médicos y las enfermeras tenían que utilizar bolsas de basura a veces para protegerse y fue en ese momento cuando se consiguió ese contrato», ha subrayado.
