El juez de Instrucción número 24 de Madrid ha archivado finalmente la querella interpuesta contra la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, por un delito de prevaricación en relación a una querella presentada por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.
El auto en el que se acuerda el sobreseimiento de la querella insiste en que «no ha sido probada» la existencia de delito, aunque la asociación querellante ya ha anunciado que recurrirá el archivo.
La querella contra la delegada se interpuso con motivo a la autorización el pasado julio de la concentración de un grupo memorialista frente al Congreso de los Diputados el día en el que se aprobó la Ley de Memoria Histórica cuando había reubicado un día antes una manifestación de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.
Ahora, el magistrado sustenta el archivo en que «no existen en la causa elementos suficientes para imputar a la investigada la autoría de los hechos denunciados».
«Lo que resulta acreditado es que el organismo del que es titular la ahora querellada siguió los mismos criterios para la valoración del lugar de celebración de la concentración de la asociación querellante, y ninguna de las manifestaciones de la asistencia letrada de la querellante nos puede llevar a la conclusión de que la decisión presentara, indicios suficientes de la comisión de un delito de prevaricación, conforme a la doctrina y la jurisprudencia ya analizada», señala la resolución.
Motivos de seguridad
En su declaración, la delegada manifestó que las concentraciones comunicadas a la Delegación de Gobierno a celebrarse frente al Congreso de los Diputados se ubican en función de criterios «absolutamente» técnicos y de seguridad.
Los querellantes denunciaban en su escrito que «en función del signo político de la asociación convocante, se produce una diferenciación, sin base legal alguna, que supone una limitación ilegítima del derecho de reunión».
Tras finalizar la comparecencia, la delegada subrayó que se había quedado tranquila tras dejar «completamente claro» que no hubo ninguna delimitación ni limitación al derecho de manifestación respecto a la asociación querellante.