El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha advertido de que «no hay excusas» para el restablecimiento de la electricidad en la Cañada Real Galiana, donde permanecen sin luz desde finales de 2020.
En el poblado madrileño viven sin electricidad cerca de 4.000 vecinos, unos 1.800 de ellos menores, en una situación que para Gabilondo es «insostenible», según ha trasladado en una entrevista a Europa Press.
En estos últimos años, distintas organizaciones que trabajan en la zona han alertado de la situación que están viviendo estas personas que, según señala, no solo les afecta durante el invierno, sino también en el verano con las varias olas de calor que han afectado al país. Estas entidades, han recordado que en estos hogares no pueden encender un ventilador o una nevera par refrigerar alimentos.
«Me preocupa enormemente la situación que soportan muy singularmente, desde el otoño de 2020«, ha admitido Gabilondo, quien ha recordado que en diciembre del año pasado, a los pocos días de llegar a la Institución, se hizo «un llamamiento a las administraciones para que, con carácter de urgencia, se restableciera el suministro eléctrico en la Cañada Real».

«Dos inviernos sin luz»
El Defensor ha lamentado que esta situación siga sin resolverse y que ya sean «dos inviernos sin luz» los que han tenido que afrontar estos vecinos, así como «un temporal como fue Filomena» y, ahora, las «temperaturas extremas» del verano.
«Este es un problema que tiene dimensiones de emergencia humanitaria, como ya dije en su día, y que es impropio de una sociedad moderna», ha alertado Gabilondo. A su juicio, «la energía eléctrica es una necesidad y su ausencia provoca una vulnerabilidad prácticamente límite».
«Si bien es cierto que hay en marcha medidas como la regularización de los sectores y los realojos, estos son procesos complejos y lentos. Sin embargo, los derechos no tienen tiempo de pausa o espera y la situación actual de falta de suministro eléctrico no se puede mantener por más tiempo», ha señalado Gabilondo.
«No hay excusas», ha apuntado, antes de indicar que «a eso suenan algunas supuestas explicaciones sobre el asunto».
Por otro lado, Gabilondo ha mostrado su preocupación por «la agilidad en la tramitación y resolución de las prestaciones sociales, como el Ingreso Mínimo Vital». Así, ha recordado que estas ayudas son solicitadas por «personas vulnerables» que «no pueden esperar a que sus expedientes se demoren porque tienen necesidades perentorias».
Gabilondo ha señalado que «la pobreza es un elemento de riesgo decisivo para los derechos de las personas y requiere una actuación específica y directa para afrontarla desde todas las administraciones y de la sociedad misma» para mejorar esta situación.
A su juicio, la lucha contra la pobreza se ha de convertir en «una prioridad» para todas las instituciones, así como el «afrontar la desigualdad que se acrecienta con esta mayor vulnerabilidad». «No hay mayor injusticia que la pobreza», ha apuntado.