La Federación de Enseñanza y Servicios Socioeducativos de CC.OO. Madrid y UGT Servicios Públicos Madrid-Sector Enseñanza han anunciado la convocatoria de una huelga indefinida en la enseñanza pública de la Comunidad de Madrid a partir de septiembre.
«Esta huelga responde a un deterioro sistemático y sostenido de las condiciones laborales, profesionales y pedagógicas del profesorado madrileño que, curso tras curso, se ha agravado sin que la Administración educativa haya adoptado medidas reales para revertirlo» apuntan los sindicatos en un comunicado conjunto, firmado además por Confapa.
El anuncio lo hacen, subrayan, para que la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, «pueda reaccionar». «El verano no puede ser una pausa cómoda para quien tiene la responsabilidad de actuar. Es el plazo que otorgamos a la Consejería de Educación para abrir una negociación real y ofrecer compromisos concretos», afirman.
En este sentido, los sindicatos han advertido que, de volver a los centros educativos en el mes de septiembre «sin respuestas», el profesorado y el personal de atención educativa iniciarán el curso 2026-2027 en huelga indefinida.
No hay más demora
El anuncio del paro se produce ante el «deterioro» de las condiciones laborales del profesorado y para reclamar mejoras salariales, reducción de ratios y menos carga burocrática.
Entre las principales reivindicaciones, CCOO y UGT han denunciado que los docentes madrileños perciben los salarios «más bajos de España» pese a tratarse de la comunidad con mayor renta per cápita del país.
Masificación en las aulas
También han alertado de la «masificación» de las aulas y de la falta de regulación sobre el número de alumnos con necesidades educativas que deben atender los profesionales de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.
Además, reclaman la recuperación de las 18 horas lectivas en Secundaria y la reducción a 23 horas en Primaria, medidas que consideran necesarias para mejorar la calidad educativa y favorecer la conciliación laboral.
Otro de los motivos expuestos por los sindicatos es el aumento de la carga burocrática, que, según sostienen, «sepulta» al profesorado bajo tareas administrativas que restan tiempo a la atención directa al alumnado y al trabajo pedagógico.
