El Pleno del Ayuntamiento de Alcorcón debatirá este miércoles la aprobación inicial de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que, según el Gobierno municipal, no impondrá restricciones a los vecinos de la ciudad. La iniciativa ha recibido previamente el respaldo de la Comisión de Transición Ecológica, que ha avalado un modelo definido por el Ejecutivo local como «global y planificado».
La propuesta, que ya había sido aprobada por la Junta de Gobierno, prevé limitar únicamente el tráfico de paso de los vehículos más contaminantes sin distintivo ambiental y que no pertenezcan a residentes de barrios como Parque Lisboa, Casco Antiguo, Torres Bellas, Parque Ondarreta, Los Castillos, La Rivota, Ensanche Sur, Fuente del Palomar, Parque Oeste, Hospital, Santo Domingo, Parque Mayor, Igueldo, Prado de Santo Domingo, Fuente Cisneros y Campodón.
Desde el Gobierno municipal defienden que el sistema pretende «proteger la salud sin castigar a quien más difícil lo tiene» mediante una implantación «planificada, escalonada y con criterios sociales». Además, subrayan que no existirá una zona central restringida para los residentes de Alcorcón, sino un modelo orientado a limitar el paso de los vehículos más contaminantes ajenos al municipio «con el fin de reducir la contaminación».
Las excepciones para personas que necesiten desplazarse para cuidar familiares, realizar trámites o acudir al hospital quedarán reguladas mediante una normativa específica prevista a partir de 2030.
El Ejecutivo de Alcorcón también sostiene que la nueva normativa para la Zona de Bajas Emisiones responde a los objetivos medioambientales marcados por la legislación estatal y recuerda que buena parte de las emisiones proceden «del tráfico rodado, especialmente de la A-5 y la M-50».
Rechazo del PP
El Partido Popular ha expresado su oposición a la ordenanza, que considera «desproporcionada, discriminatoria y profundamente perjudicial para vecinos, autónomos y pequeño comercio». Según los ‘populares’, las restricciones afectarían «a prácticamente todos los barrios residenciales y el centro urbano», mientras quedarían excluidas grandes superficies comerciales e industriales.
Además, el PP considera que la normativa podría facilitar la futura implantación del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) mediante la regulación del aparcamiento y la división del municipio en 26 zonas susceptibles de aplicar limitaciones y pagos.
Por su parte, Vox ha reiterado que no quiere «ninguna ZBE, ni la del PSOE y sus socios los comunistas, ni las de socialismo azul», en alusión al PP, por lo que solicita la retirada de la ordenanza.
