El Defensor del Pueblo ha tramitado un «número significativo» de quejas de ciudadanos sobre la sanidad en el año 2022, especialmente en la Comunidad de Madrid, en «más de sesenta centros sanitarios, entre centros de salud, consultorios y centros de urgencias extrahospitalarias».
La región madrileña es también a la que se han dirigido la mayoría de las recomendaciones del Defensor. Por ejemplo, el informe recoge una petición para reforzar la atención en el Centro de Salud Abrantes, en Madrid, a fin de que pueda prestarse servicio en turnos de mañana y tarde, así como reducirse la presión asistencial. Según el Defensor, esta petición aún no ha sido llevada a cabo.
Igualmente, el informe recoge las quejas sobre los cierres de los centros de urgencias extrahospitalarios, particularmente en Madrid. Al hilo, el Defensor pide «servicios próximos, capaces de prestar una atención de 24 horas a situaciones de menor complejidad, o no necesitadas de acudir inmediatamente a un centro hospitalario».
El documento recuerda que ya en verano el Defensor se dirigió a la Comunidad liderada por Isabel Díaz Ayuso pidiendo que «reanudara cuanto antes» la atención en los centros de urgencias extrahospitalarios, pues permanecían cerrados desde marzo de 2020. La Consejería de Sanidad madrileña anunció su reordenación, pero los trabajadores siguen convocando paros ante su rechazo a este nuevo modelo. El Defensor, mientras tanto, «ha solicitado más información» a Madrid.
Demoras
En esta línea, el Defensor del Pueblo ha denunciado que algunos centros de Atención Primaria están sufriendo demoras de «varios días y hasta semanas» debido a la escasez de profesionales sanitarios, la precariedad que sufren, la falta de recursos o sus problemas presupuestarios.
Así consta en el ‘Informe Anual 2022’ del Defensor, que, pese a los problemas de la Atención Primaria o de las listas de espera, ha registrado una bajada del número de quejas relacionadas con Sanidad: unas 1.700 este año frente a casi 2.400 en 2021.
En cualquier caso, en esta edición la entidad liderada por Ángel Gabilondo ha dedicado un apartado especial a la Atención Primaria, que, desde antes de la pandemia de Covid-19, «se enfrenta a una crisis que queda reflejada en la pérdida de capacidad para atender adecuadamente la demanda asistencial, por varios factores, aunque muy especialmente por la insuficiencia de profesionales sanitarios».
En este punto, el Defensor ha criticado que las demoras para recibir atención en consulta con personal médico o de enfermería «superan en muchos centros de Atención Primaria, particularmente en grandes ciudades o zonas metropolitanas, el plazo de varios días y hasta semanas».
Así, lamentan que estas cifras «desvirtúan la propia naturaleza de la Atención Primaria, basada en la proximidad y la continuidad asistencial». «Los reajustes constantes de plantillas provocan, además, la pérdida de vinculación entre los profesionales y sus pacientes, eliminando otro elemento que caracteriza este nivel asistencial», añaden.
Una de las razones de esta situación, según el Defensor, es la «menor proporción de presupuesto que destinan a ella las administraciones autonómicas» frente a la Atención Especializada.
Otro de los motivos es «el insuficiente número de profesionales sanitarios disponibles». «Todas las administraciones citadas conocen esta circunstancia desde hace años, sin que parezca que los acuerdos y medidas que se adoptan eviten el proceso de adelgazamiento y envejecimiento de las plantillas de personal», esgrimen al respecto.
Acuerdo «estable»
Por todo ello, piden un «acuerdo estable» en toda España y una «coordinación reforzada» para paliar «la deriva en que se encuentra el sistema, por lo que se refiere a las especialidades médicas más deficitarias». De entre todas ellas, el Defensor destaca la Medicina Familiar y Comunitaria, la «columna vertebral de la Atención Primaria».
El Defensor indica que «muchas de las quejas» son presentadas por médicos y enfermeros que manifiestan su «gran preocupación» por la carga de trabajo que soportan, como consecuencia del alto número de pacientes que atienden cada día.
Por ello, el Defensor reclama que la forma de medir la presión asistencial sobre los sanitarios vaya «más allá del indicador que asigna un determinado número de personas (o tarjetas sanitarias) a cada profesional».
«Ese indicador no refleja circunstancias determinantes, como es, en primer lugar, la desviación entre las plantillas teóricas asignadas a cada centro y las muchas incidencias que provocan la ausencia efectiva de personal, que no se sustituye debidamente y a tiempo. Así como otros factores igualmente determinantes y trascendentales, como la desigual demanda asistencial entre distintas zonas geográficas por razones demográficas y socioeconómicas», han argumentado.
