La Fiscalía Anticorrupción citará a declarar a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, así como al responsable de la empresa Priviet Sportive, Daniel Alcázar, en las diligencias abiertas para esclarecer el contrato por la compra de mascarillas durante el primer pico de la pandemia por parte de esta empresa, de la que el hermano de Ayuso habría percibido más de 55.000 euros.
Según ha avanzado la cadena ‘Ser’, el empresario y el hermano de Ayuso estarían obligados a comparecer si son finalmente citados a declarar. La intención de la Fiscalía sería despejar algunas interrogantes en torno a esta adjudicación por el procedimiento de emergencia.
Así, el fin pasa por saber cómo y por qué un empresario sin experiencia en la materia accedió a esa contratación, quién y de qué forma le comunicó que podía acceder a los trámites, y qué papel jugó en la operación, por qué cobró y cuánto el hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, según la ‘Ser’.
En este marco, la Fiscalía ha solicitado un informe a la Intervención General de la Administración del Estado para analizar si se ha producido alguna irregularidad en esta adjudicación. Además, solicitará información bancaria que acredite cómo, cuánto y en concepto de qué fueron ejecutados los pagos, así como las facturas tanto de la administración contratante como de la empresa adjudicataria y del hermano de la presidenta regional.
Normalidad, según el Gobierno
Mientras, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha enmarcado en la «normalidad» las posibles llamadas a testificar por la Fiscalía Anticorrupción. Así lo ha manifestado el consejero de Educación, Ciencia y Universidades y portavoz del Ejecutivo, Enrique Ossorio, en rueda de prensa.
Ossorio, que ha sostenido que se han enterado de esta información por los medios y no tienen «ninguna información desde el punto de vista oficial», ha hecho hincapié en que hay que verlo «con una absoluta normalidad».
«Estamos conformes, como no puede ser de otra manera, de que la Fiscalía practique todas las pruebas que considere oportunas. Seguro que está practicando ya pruebas documentales y si lo considera oportuno que practique todas las pruebas testificales», ha declarado desde la Real Casa de Correos, tras la reunión del Consejo de Gobierno.
En este punto, ha asegurado que desde el Ejecutivo madrileño han enviado «toda la documentación» a la Fiscalía y a la Asamblea de Madrid y ha recordado que la Cámara de Cuentas, «aunque le pese a algunos», «fiscalizó el contrato y no dijo absolutamente nada». «Nosotros tenemos la más absoluta tranquilidad de que en este contrato hemos actuado como exige la ley. Nosotros confiamos en la Fiscalía y que practiquen las pruebas que consideren oportunos», ha zanjado.
La denuncia ante Fiscalía
Los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid -Unidas Podemos, PSOE y Más Madrid- ampliaron la denuncia tras conocerse que Tomás Díaz Ayuso habría cobrado hasta 283.000 euros de Priviet Sportive por cuatro facturas, si bien solo una -de 55.850 euros más IVA- correspondería a la compra de las mascarillas.
En su escrito, Unidas Podemos considera que Tomás Díaz Ayuso medió con el Gobierno regional y que consiguió una «comisión» por ello. Por su parte, el PSOE entiende que con ese contrato para la compra de mascarillas en lo más duro de la pandemia pudo haberse cometido «tráfico de influencias» y «malversación de caudales públicos»; y Más Madrid señala en su denuncia que podría haber «cohecho» y «tráfico de influencias».
La Comunidad de Madrid, como anunció la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, envío la documentación del citado contrato a Fiscalía a través de los servicios jurídicos, señalan fuentes regionales, que recuerdan que todas denuncias que se han llevado a los tribunales contra la presidenta han sido archivadas. «Total tranquilidad porque está todo en regla», añaden las mismas fuentes.
